La guerra continúa. Tras perder el pasado miércoles la batalla jurídica al anular el Constitucional la consulta del 9-N y varios artículos de la Ley de consultas catalana, la Generalitat decidió ayer «trasladar a las instituciones europeas» el contenido de los fallos.

El portavoz del Govern, Francesc Homs, afirmó que el Ejecutivo de Artur Mas está dispuesto a tratar de exprimir hasta el final en beneficio propio la decisión del TC. En un anuncio claramente electoralista, anunció que pedirán un informe al Consejo de la Transición Nacional (un órgano consultivo formado por miembros afines al Gabinete regional para trazar la ruta hacia la independencia) para «informar a la UE» de las sentencias.

Asimismo, el de Vic acusó al Estado de ofrecer una democracia «de baja calidad» a sus ciudadanos, tallando la sentencia «muy restrictiva y alejada del pacto constitucional de 1978».

Además, cargó contra los diputados que «aplaudieron y se vanagloriaron» en el Congreso para celebrar el fallo durante el Debate del estado de la Nación: «Hay gente que ha perdido el sentido común y está tan en contra de lo que se plantea en Cataluña, que incluso están dispuestos a echarse a las espaldas una sentencia que afecta también al resto de autonomías».

Mientras, en la Cámara Baja, PP, PSOE y UPyD unieron sus votos para rechazar las propuestas de resolución del Debate del estado de la Nación presentadas por los demás grupos parlamentarios para reconocer el derecho a decidir de los diferentes territorios.

Desde el Gobierno central, la ministra de Fomento, Ana Pastor, subrayó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está dispuesto a seguir hablando con la comunidad norteña: «En materia de política estamos siempre abiertos a seguir hablando y dialogando, nosotros somos más todos juntos y hay muchos catalanes que también se sienten españoles».

«Estamos haciendo un esfuerzo brutal para apoyar a Cataluña», aseguró la gallega. Los datos están ahí:la mayor ayuda del Fondo de Liquidez Autonómico (28,5 por ciento) recayó en la autonomía.

Horas después, los convergentes se llevaron otro varapalo judicial:el Consell de Garanties Estatutàries dictaminó que la mayoría de las estructuras de Estado que CiU y ERC pactaron incorporar vía enmiendas a la Ley de acompañamiento de los Presupuestos son contrarias a la Constitución y «no encuentran amparo» en el Estatut.

El órgano consultivo de la Generalitat se pronunció a instancias del PP catalán, que pidió dictamen sobre la Ley de Medidas Fiscales y Financieras porque consideraba que estas estructuras vulneraban la Carta Magna y la normativa catalana.

El portavoz del PPCen el Parlament, Enric Millo, celebró que se «descabece la columna vertebral» del proceso soberanista impulsado por Esquerra y la formación de Mas. Así, exigió a los dos bloques que asuman el dictamen y retiren las enmiendas impugnadas para que no puedan someterse a votación en el pleno, añadiendo que espera que no hagan «trampa» intentando transaccionarlas para camuflarlas.