La Consejería de Fomento ha asumido este miércoles la "abrumadora" resolución del Procurador del Común, Javier Amoedo, que ha pedido en concreto que se vuelvan a pagar las ayudas de subsidiación de préstamos hipotecarios para las viviendas de protección oficial (VPO) eliminadas en su día por el Gobierno de la nación.
Así lo ha adelantado a la agencia Europa Press Jesús Revenga, presidente de la Asociación de Vecinos Villa del Prado y uno de los representantes de la Plataforma creada en Valladolid para reclamar el pago de las ayudas a las VPO, quien se ha mostrado satisfecho ante la decisión de la Junta de asumir al cien por cien la resolución del Procurador del Común a este respecto.
Revenga, que ha participado junto a otros afectados en una reunión con el director general de Vivienda, Ángel Marinero, ha explicado que se ha tratado de un encuentro "cortito" y casi "de mero trámite" ante la disposición desde el primer momento del representante de la Consejería de Fomento de asumir el "abrumador" informe de Javier Amoedo, una resolución que, según ha reconocido Marinero en la reunión, no habían recibido.
En palabras de Jesús Revenga, el director general de Vivienda ha asumido que "no hay más que dar la razón" a la resolución del defensor del pueblo en Castilla y León que dice "clara y meridianamente" que el Gobierno de la nación y la Junta han "obrado mal" en esta materia al mismo tiempo que ha instado al Ejecutivo autonómico a reanudar el proceso y pagar las ayudas concedidas en su día a los propietarios de las VPO.
En su pronunciamiento, la defensuría del pueblo en Castilla y León exige que se revisen las solicitudes hasta el 6 de junio y se concedan las renovaciones de subsidiación que afectan a unos 7.000 vecinos de Valladolid en una estimación "pequeña". PEQUEÑO "PUNTO NEGRO"
Revenga no ha ocultado su satisfacción ante la decisión de la Consejería de Fomento de reconocer "punto por punto" la resolución del Procurador del Común si bien ha admitido que ha quedado un "pequeño punto negro" respecto a los afectados que, teniendo derecho a las ayudas, no renovaron en su día la solicitud de subsidiación ante las afirmaciones de la propia Junta de que no había dinero para ello.
El representante de los afectados de Valladolid ha aclarado no obstante que el propio director general de Vivienda se ha comprometido a estudiar la posibilidad de abrir un plazo "más o menos breve" para que esas personas pidan oficialmente la renovación de la subsidiación siempre que no haya trabas jurídicas, un impedimento descartado por el propio Revenga y por el representante de la plataforma nacional, Ángel Sancha, jurista de profesión y también presente en este encuentro.
A pesar de que la capacidad del pago de las ayudas es del Ministerio y no de la Junta, Jesús Revenga ha significado la importancia de que una comunidad autónoma se avenga a reconocer el derecho de los afectados, si bien la pelota está ahora en el tejado del Gobierno de la nación. "Es un espaldarazo para las pretensiones a nivel nacional", ha admitido el representante de los afectados en Valladolid que ha destacado además que la de hoy ha sido la primera reunión de un responsable de una comunidad autónoma con los propietarios de las VPO.
"El siguiente paso es que el Ministerio entienda que se han hecho mal las cosas", ha considerado Jesús Revenga, que ha asegurado que la plataforma nacional trabajará en ese sentido para que el departamento que dirige Ana Pastor retome el asunto donde lo había dejado tras un "error de bulto" detectado por la propia defensora del pueblo, Soledad Becerril. "Tenemos todas las bazas para ganar", ha augurado Revenga.
El Decreto del Gobierno del 13 de julio de 2012 estableció la eliminación de este tipo de ayudas que en algunos casos alcanzaban los 3.000 euros al año por beneficiario, personas con escasos recursos económicos con ingresos anuales de entre 2,5 y 3,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.