La estrategia del Gobierno en la lucha contra la hepatitis C y la atención a los pacientes que sufren esta enfermedad dio ayer sus primeros frutos. El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, anunció que casi 52.000 de los más de 95.524 pacientes con hepatitis C que hay actualmente diagnosticados en España, los que se encuentran en la fase más avanzada de la dolencia, serán tratados con los nuevos medicamentos orales de última generación, para lo que serán necesarios 727 millones de euros.

Así lo indicó el popular durante la presentación del Plan Estratégico Nacional contra esta enfermedad, que establece por primera vez un censo «real»  y detalla cuánto costará su tratamiento a las comunidades, las encargadas de pagarlos. No obstante, avanzó que el Ministerio de Hacienda va a garantizar que tengan «suficiencia financiera» para su gasto en los próximos tres años.

«Creo que las regiones van a necesitar asistencia, pero Hacienda va a garantizarlo», defendió. De hecho, el próximo lunes se reúnen con los representantes autonómicos para presentarles el plan y explicarle las condiciones que han negociado con las firmas encargadas de desarrollar estos fármacos.

No obstante, los pacientes «podrán ser tratados desde ya», según añadió el hepatólogo Joán Rodés, que ha liderado el comité de expertos encargado de elaborar el plan. «El ritmo de tratamiento dependerá de lo que digan los médicos, si se diagnostican ahora, se comprarán ahora, pero lo pagaremos a tres años», apostilló Alonso.

 «Es un plan único en el mundo. Ningún país lo ha hecho así, hoy podemos estar más que nunca orgullosos de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS)», defendió el ministro.

Pago reducido.

El titular ministerial explicó que, en un principio, dado el número de pacientes y el coste inicial de los medicamentos, tratar a estos enfermos suponía una cifra «superior a los 3.000 millones de euros». Sin embargo, después de las  negociaciones mantenidas y de la fijación de acuerdos de riesgo compartido se ha conseguido «el mejor precio posible», con un techo de gasto global de 727 millones de euros, que supondrían unos 242 millones anuales «en un horizonte de tres años». Y a partir de ahí, en caso de tener que ampliar el tratamiento en algunos pacientes más allá de las 12 semanas que dura inicialmente, serán las farmacéuticas las que asuman su coste.

«Es un reto del que no conozco precedentes, ha sido el test de estrés para calibrar la fortaleza del Sistema Nacional de Salud y tengo la satisfacción de poder decir que es fuerte», subrayó.

Asimismo, Alonso consideró que las comunidades tienen capacidad financiera para asumir este gasto gracias a los ahorros que han conseguido en el gasto farmacéutico en los últimos años.

«Los laboratorios podrán esperar para cobrar, las regiones para pagar, pero el que está enfermo no puede esperar para ser curado», indicó el ministro, que además añadió que el ahorro que se consiga tratando a estos pacientes «será superior que el gasto».