Alrededor de un centenar de ganaderos de leche iniciaron ayer por la mañana la primera de las etapas de la denominada ‘marcha blanca’ que, a lo largo de 12 etapas, tiene previsto llegar a Madrid para reclamar ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, «seguridad y estabilidad» para el sector lácteo y un precio «digno» para la leche por encima de los costes de producción. Los manifestantes recordaron que esta circunstancia no se está cumpliendo a día de hoy, lo que está provocando importantes dificultades, si no la desaparición de explotaciones ganaderas en todo el país, con especial incidencia en regiones como Castilla y León.
Los responsables sindicales de las diferentes organizaciones agrarias, en declaraciones recogidas por Ical, pidieron la mediación del Gobierno para, como ha ocurrido en Francia, alcanzar un acuerdo entre las partes que intervienen en el proceso productivo de la leche y dar rentabilidad a esta economía. De ahí esta iniciativa en la que participarán agricultores «de manera rotatoria» cada día porque «tienen que atender su explotación todos los días», para finalizar en Madrid el 4 de septiembre con una concentración ante las puertas del Ministerio en la que se estima que habrá «un número importante» en representación del sector.
El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, insistió en la necesidad de que el sector lácteo cuente con ayudas, aunque puntualizó que «no es la principal cuestión», ya que la mayor exigencia del ganadero es «seguridad y estabilidad» en la recogida de la leche, así como un precio «digno» que se sitúe «por encima de los precios de producción», además de que «de una vez por todas» exista un etiquetado para comprobar la leche que se produce en Castilla y León y en España.
Por su parte, el coordinador de UCCL en Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, reclamó al Gobierno «que ejerza su responsabilidad» y se alcance un acuerdo, como en Francia, para fijar un precio mínimo de venta de la leche. Una vez conseguido el acuerdo pidió ayudas «porque las pérdidas han sido muchas», aunque para ello requirió en primer lugar «un precio y un compromiso de la distribución y la industria».
Palacín lamentó la «desestructuración enorme» que ha sufrido el sector lácteo, en el que se ha pasado de las 65.000 explotaciones del año 1986 a las apenas 1.400 que existen a día de hoy, de ahí que considerase que ha llegado el momento de hacer «una apuesta política fuerte» y de dar «un golpe de mano» de la ministra o del presidente del Gobierno para frenar una situación que en las explotaciones de Castilla y León está generando unas pérdidas que cada mes pueden rondar los 2.000 euros por explotación.
Por su parte, el secretario general de Ugal-Upa, Matías Llorente, auguró que de no resolverse este problema desaparecerán muchas ganaderías de un sector «estratégico» que ahora mismo resulta «deficitario» en la producción de leche a nivel nacional, de ahí la búsqueda de una solución y del mantenimiento de los sistemas productivos. «Si no hay riqueza, no habrá población en el medio rural ni puestos de trabajo», dijo.