El Consejo Social de la UVa aboga por la especialización de los campus

Ical
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El órgano académico pide reorganizar el mapa de titulaciones para adecuar la oferta a la empleabilidad de los alumnos y defiende que la Junta de Castilla y León lidere el proceso

El presidente del Consejo Social de la Universidad de Valladolid (UVa), Gerardo Gutiérrez, se postuló ayer a favor de que los distintos campus que la componen asuman un rol de especialización que permita evitar el actual desajuste entre la demanda formativa y la empleabilidad final de los alumnos. Así lo puso de manifiesto en la presentación del documento ‘Reflexiones sobre la oferta de titulaciones’.


En este sentido, resaltó el hecho de que «gente de procedencia muy distinta e ideología diversa», en alusión a los integrantes del Consejo Social, haya sido capaz de consensuar un informe que cuestiona la permanencia de titulaciones sin demanda suficiente, al tiempo que asegura que se causa un grave perjuicio a los estudiantes ofertando formación sin salida profesional. Este organismo de participación autor del informe está compuesto por representantes de la universidad y personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social de la Comunidad.


«El modelo de universidades generalistas tiene que dar paso al de universidades especializadas por áreas de conocimiento. Hay que terminar con la idea de que cuantas más titulaciones e impartidas en más sitios mejor, para orientarse hacia un modelo basado en el conocimiento y donde debe primar la calidad sobre todas las cosas», expuso.


A su vez, se mostró partidario de que dentro de este modelo aludido se tenga en cuenta «la primacía y la singularización de los mejores», además de intervenir para orientar a los estudiantes de bachillerato sobre las salidas que tienen los distintos estudios universitarios. «Hay que posibilitar que acudan a aquellas carreras universitarias que tengan una mayor demanda social, incentivando la oferta de las profesiones consideradas de futuro», enfatizó.


A su vez, el documento consensuado por el Consejo Social de la UVa recomienda aplicar el «sentido común» en la oferta de plazas universitarias, estableciendo un límite donde sea necesario y citando como ejemplo Medicina. En cuanto a los planes de estudio, Gerardo Gutiérrez señaló que deben responder «a las necesidades sociales», al tiempo que preparen a los alumnos de forma eficaz «mediante un equilibrio entre formación básica y especializada en los mismos cursos». De lo contrario expresó la idea de que se «causa un perjuicio extraordinario a los estudiantes al ofrecerles una formación sin ninguna salida profesional o con tasas de empleabilidad mínima».


Por otro lado, consideró que hay que mantener los campus periféricos que tiene la UVa en Soria, Palencia y Segovia, «dado su indudable peso en las economías locales», pero teniendo en cuenta que deben especializar sus contenidos y apostar por la máxima calidad educativa posible. «Se trata de ver cuántos alumnos se deben formar en cada carrera y en qué sitio pueden hacerlo», agregó, matizando que todo ello deberá llevar aparejado un sistema de becas de movilidad para garantizar el el acceso en igualdad a las enseñanzas universitarias.


No obstante, el documento de consenso considera que las posibles modificaciones en el mapa de titulaciones deben llevarse a cabo sin cambios «bruscos». Además alerta sobre la «perturbación» que se produce con el nuevo modelo de organización de grados y másteres y del hecho de que tampoco contribuye a la seguridad jurídica de las titulaciones «la falta de uniformidad derivada del hecho derivado de que cada universidad pueda decidir la duración de los estudios».


 Las ‘Reflexiones sobre la oferta de titulaciones’ realizada por el Consejo Social de la Universidad de Valladolid ve como exigencia fundamental formular un mapa de titulaciones estable, «consecuencia de un acuerdo amplio que ponga en valor las posiciones comunes y relegue el resalte de las diferencias”» Para ello, sostiene que ha remitido el documento a la Consejería de Cultura, quien debe «liderar el proceso a partir de un debate desde el Consejo de Universidades de Castilla y León con la participación activa de la comunidad universitaria y los distintos agentes económicos y sociales».