La salida de la crisis económica no está evitando que los conflictos laborales remitan. Pese a haber bajado el ritmo de huelgas celebradas en Valladolid este año, los sindicatos sostienen que las negociaciones colectivas siguen siendo «muy complicadas». Entre enero y agosto de este año, según los datos del Ministerio de Trabajo, se han celebrado siete huelgas en Valladolid, por las 16 de todo el año pasado. Es un ritmo más bajo que contrasta con el aumento de expedientes de conflictos colectivos presentados ante el Servicio de Relaciones Laborales (Serla). Si en toda Castilla y León el año pasado se presentaron 215, este año ya se ha llegado a los 289, y con 87 de ellos susceptibles de acabar en una huelga. La misma tendencia se observa en Valladolid. En 2017 fueron 47 expedientes y este año ya son 58, y en 13 de ellos hay amenaza de huelga, según los datos facilitados por CCOO. También se han incrementado las jornadas perdidas por las huelgas. El año pasado fueron 1.464 y en los ocho primeros meses de este ejercicio esta cifra se ha duplicado: 2.866, según los datos del Ministerio de Trabajo.
Sectores como el de la ayuda a domicilio, los médicos interinos y Correos se han movilizado para exigir mejoras laborales. También lo ha hecho el de la hostelería.
Además, en las próximas semanas otros dos colectivos han amenazado con iniciar una huelga si no se atienden sus demandas. La más inminente es la de médicos y enfermeros de área, quienes se concentraron este jueves frente a la sede de la Consejería de Sanidad para denunciar «el abuso y la discriminación a la que están sometidos laboralmente». Los médicos y enfermeros de área amenazan con ir a la huelga los días 21, 26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero de 2019 en horario de mañana. En este sentido, critican los «desproporcionados» servicios mínimos que ha fijado Sacyl, «que suponen en gran cantidad de centros sanitarios que todos los profesionales deban ir a trabajar». Estos profesionales se encargan de la sustitución de vacaciones, la cobertura de permisos del resto de profesionales y la atención urgente en los centros de salud fuera del horario de consulta. El presidente de la Asociación de Profesionales de Área de Castilla y León (Ameacyl), Rafael Molinero, asegura que sus condiciones son «un desmadre» para la conciliación, y «una forma barata y cómoda» para Sacyl de tener siempre personal a su disposición. Por eso piden que esos trabajos imprevistos se ofrezcan siempre a voluntarios y que se creen equipos más grandes. Incluso han llegado a plantear la supresión de esta categoría.
Transporte. Otro sector que amenaza con iniciar movilizaciones de una forma casi inminente es el del transporte por carretera. De hecho, la Asociación Empresarial de Transporte de Valladolid (Asetrava) ya ha anunciado que se suma al ultimátum que ha dado el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) al Gobierno. Si antes del 15 de enero el Ejecutivo no renuncia a una serie de medidas que maneja dentro de una reforma de la Ley de Carreteras, y que Asetrava considera que perjudican al sector, habrá paro indefinido. Una de las más importantes es la subida del Impuesto Especial de Hidrocarburos, que gravará con 4,8 céntimos cada litro de combustible. Castilla y León dejó de aplicar el tramo autonómico de este impuesto en 2016, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictase que era ilegal. Pero ahora el Gobierno quiere integrar esa subida en el tramo nacional y eliminar los autonómicos, de modo que las comunidades que ya no lo aplican, como Castilla y León, serán las más perjudicadas. «Supondrá una desventaja competitiva respecto a otras comunidades», señala Virginia Muñoz, miembro de Asetrava.
Otro de los problemas es la dificultad que tienen las personas que quieren sacar el carné para conducir un camión, por su alto coste, que ronda los 2.000 euros. Por otro lado, el Gobierno sopesa, dentro de la futura Ley de Transición Ecológica, implantar la Euroviñeta, una tasa que ya aplican otros países y que afecta a los vehículos de más de 3,5 toneladas. De aplicarse, tendrían que empezar a pagar por el uso de la red de carreteras. Otra medida a la que se oponen los transportistas y que estudia el Gobierno, es la de prohibirles circular por carreteras nacionales y obligarles a hacerlo por vías de peaje. «Supone un fuerte incremento de los costes y, en ciertos trayectos, dificultad para llegar al destino», añade Muñoz.
El secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO, Fernando Fraile, asegura que «el equilibrio en la negociación colectiva sigue roto», como consecuencia de la reforma laboral. Por eso pide al Gobierno que tome medidas «y pase de las palabras a los hechos». «Hay bastante más conflictividad este año que en 2017 porque los empresarios siguen planteando que su situación es complicada, pese a que llevamos cinco años de crecimiento que no se han reflejado en los salarios», explica. El objetivo de CCOO para 2019 es plantear subidas salariales del tres por ciento y que no haya ningún trabajador que cobre menos de 14.000 euros brutos al año. Es el mismo objetivo que persigue UGT. El secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, señala que 2018 está siendo «uno de los mejores años respecto al número de convenios firmados», pero con un contenido mejorable, puesto que los aspectos sociales se han mantenido y se ha dado un paso atrás en lo retributivo. Es decir, los acuerdos no reflejan la mejoría económica general ni están en la línea de recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis.