Los jóvenes infractores cumplieron el año pasado 2.222 medidas judiciales en Castilla y León mediante programas de atención y reinserción dictados por los juzgados de Menores y que tienen como objetivo resocializar a los chavales que han cometido algún delito o falta. La cifra es inferior a la registrada en 2012 cuando la Fiscalía contabilizó 2.450 medidas ejecutadas, lo que supone una tendencia a la baja en los últimos ejercicios después de alcanzar el punto más alto en 2010 (2.854) y situarse en niveles similares a 2008 cuando hubo 2.293.

La mayor parte de las medidas (1.959) en la Comunidad correspondió a las denominadas unidades de intervención educativa, cuyo cumplimiento se realiza en medio abierto, mientras que el resto (263) se articuló a través de los centros de internamiento Zambrana, de referencia regional, y Los Manzanos, ambos en Valladolid.

El grueso de acciones dictadas por los juzgados de Menores en 2013 supuso la libertad vigilada (34 por ciento), seguido de las prestaciones en beneficio de la comunidad (23 por ciento) y la realización de tareas socioeducativas (11 por ciento). En todos los casos, son medidas impuestas por la administración de Justicia aunque el cumplimiento corresponde a las comunidades, en este caso a la Junta.

El coordinador de las fiscalías de menores de Castilla y León y responsable en León, Avelino Fierro, asegura que las infracciones son similares en toda España, con predominio de los delitos contra el patrimonio (hurtos, robos, daños) y contra la integridad física. Eso sí, advierte del aumento en los últimos años de los casos relacionados con la violencia intrafamiliar y los cometidos a través de las nuevas tecnologías y redes sociales.

Recuerda que la memoria de 2005 de la Fiscalía General del Estado daba cuenta de la «eclosión» de los casos de adolescentes maltratadores, ya que supuso que «lo que antes quedaba en el seno de la familia salió de ella y los padres comenzaron a buscar apoyo fuera». Son casos, explica, de menores con componentes de hiperactividad, despotismo y trastorno disocial, entre otras, que hacen que los padres angustiados o profesores deprimidos busquen auxilio.

El fiscal considera que la «otra cara del asunto» es, en ocasiones, la falta de habilidades y la poca cintura de los progenitores, necesitados de una «escuela de padres». Tampoco ayudan los malos ejemplos de los mayores o la ausencia de patrones de conducta.

A su juicio, la sociedad ha desterrado la cultura del trabajo y del esfuerzo. En todo caso, advierte que es un asunto «complicado y delicado» porque hay padres que han aguantado más de lo recomendable confiando en que, quizás, podrían solucionar sin ayuda esa convivencia familiar.

Medidas legales. La gran división entre las medidas que contempla ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores estriba en si los menores deben ser internados en centros o en régimen abierto de total libertad. A la hora de cumplir las medidas privativas de libertad, todas las comunidades autónomas tienen que disponer de medios materiales y humanos, en función de las decisiones judiciales. Uno de estos medios en Castilla y León es el Centro Regional de Menores Zambrana, una instalación disponible para cumplir las medidas de internamiento más estrictas.

El Zambrana de Valladolid es un recurso más de un amplio abanico de servicios del Programa de Atención y Reinserción de Menores Infractores que diseña la Junta. Por ejemplo, cada provincia cuenta con una sección que son las unidades de intervención educativa, donde se ejecutan la mayor parte de las medidas para jóvenes infractores, gracias a convenios suscritos entre la Junta y otras entidades.

Cada unidad lleva aparejada un programa individualizado que incluye la propuesta al juez para cumplir la medida impuesta. Asimismo, hay actividades orientadas por el equipo del Juzgado y otras que diseña la propia Gerencia de Servicios Sociales para lograr una reeducación y cambiar conductas.