Las Cortes aprobaron por unanimidad instar a la Junta a estudiar las necesidades de movilidad de las personas mayores dependientes del mundo rural para su acceso a los programas de envejecimiento activo y en el marco del nuevo mapa de transporte público de viajeros. Así lo recoge una enmienda del Grupo Popular, defendida por Mar González, que asumió la ponente de la proposición no de ley, la procuradora Laura Domínguez (Podemos), que lamentó que no se recogiera la garantía del derecho a la igualdad en el acceso al catálogo de los servicios a la dependencia. La portavoz de Familia e Igualdad de Oportunidades de Podemos, Laura Domínguez, enmarcó la proposición no de ley en algunas lagunas de la norma nacional y recordó que la realidad es que para las personas con dependencia que viven en el medio rural no se pueden utilizar los mismos criterios que para las que viven en zonas urbanas o semiurbanas que sí se dota de prestaciones y de programas de envejecimiento activo.

«Vivir en el medio rural y tener dependencia significa unos costes de tiempo, de dinero y de sacrificio familiar mayor si aún cabe que el que ya se tiene en el medio urbano», explicó Domínguez que acompañó su intervención con tres ejemplos reales de personas que se trasladan a la ciudad para recibir las prestaciones y lo pagan de su bolsillo. La iniciativa de Podemos para mejorar las ayudas de dependientes en el medio rural contó con el respaldo de todos los grupos de la oposición, pese a que no aceptó una enmienda de Ciudadanos.

La popular Mar González defendió el compromiso de la Junta con el medio rural para contribuir al bienestar, desarrollo y mantener la población, a la vez que rechazó el «discurso catastrofista» y subrayó que en Castilla y León las cuantías de las prestaciones vinculadas son superiores que en otras autonomías.