El empleo de calidad con un salario digno constituye un factor esencial para poder elaborar un plan de vida y una meta esencial para Castilla y León si pretende acabar con la salida de jóvenes hacia otros territorios y frenar la despoblación que amenaza su futuro. El saldo acumulado desde 2006 a 2017 de flujos de personas asalariadas entre Castilla y León y el resto de autonomía supuso una pérdida para la Comunidad de casi 40.000 trabajadores en esta década, una disminución que equivale al 4,2 por ciento de las personas asalariadas que había en aquel año. Castilla y León es la Comunidad con mayor pérdida absoluta y relativa de empleados a favor de otros territorios.

Y es que los trabajadores que abandonan Castilla y León mejoran sus condiciones muy por encima de los que se quedan. Cabe destacar que en 2017 obtuvieron importantes incrementos retributivos respecto a los percibidos el año anterior en la Comunidad, con una subida media de un 15 por ciento. Un dato que se destaca en el informe ‘Movilidad del mercado de trabajo en las fuentes tributarias’ elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO en Castilla y León, que dirige Carlos Castedo.

La central sindical remarca que el salario medio anual de las personas que se quedaron en Castilla y León fue de 20.054 euros en 2016 y de 20.717 en 2017, lo que supuso un incremento del 3,3 por ciento, por debajo de la subida media nacional del 4,5 por ciento. Sin embargo, quienes se marcharon pasaron de percibir 19.300 euros de media en la Comunidad en 2016 a tener una retribución en 2017 de 22.187 euros en su nueva autonomía esto, lo que revela un crecimiento de su retribución del 15 por ciento, cuando la media nacional para los que se movieron a otros territorios fue del 12 por ciento.

El documento sindical, recogido por Ical, resalta que ese alza salarial “da idea” de la mejora que supone abandonar la Comunidad, para “la calidad del empleo o el acceso a sectores u ocupaciones de mayor cualificación profesional”.

En sentido opuesto, quienes llegaron a Castilla y León a buscarse la vida, tuvieron un incremento salarial medio del 7,8 por ciento, que fue inferior al que de forma global tuvieron por término medio las personas que se desplazaron entre comunidades, del 12 por ciento. Este dato demuestra para CCOO “el menor atractivo profesional que tiene el tejido productivo de Castilla y León en relación con el resto de comunidades autónomas”.

El documento precisa los aumentos salariales por sexo, con subidas para los que se marcharon a otras autonomías desde la Comunidad del 13,7 por ciento, frente al ocho por ciento de los que llegaron de fuera; y el 3,2 por ciento de los que se quedaron. En el caso de las mujeres, las que se fueron a buscar la vida a otros territorios vieron crecer sus retribuciones un 16,7 por ciento, cuando las que llegaron a la Comunidad, se beneficiaron de un alza del 7,5 por ciento, y las que se quedaron registraron un incremento del 3,5 por ciento.

El informe constata, finalmente, que en todos los tramos de edad hubo un incrementos salariales, excepto en el de mayores de 55 años, que bajaron sus retribuciones al marcharse fuera un 5,2 por ciento. Por el contrario, los menores de 26 elevaron sus percepciones un 44,3 por ciento; lo jóvenes de entre 26 y 35 años, lo elevaron un 20,7 por ciento; y los trabajadores de entre 36 y 55, subieron un 7,5 por ciento.

Por provincias, las subidas salariales de los trabajadores que se marcharon en 2017, fuero mayores para los salmantinos, 15,8 por ciento, seguidos por los sorianos, con un 14,4 por ciento. Asimismo, los asalariados leoneses que salieron cobraron un 13,8 por ciento más; los abulenses, los vallisoletanos y los zamoranos, un 13,5 por ciento en los tres casos; los los segovianos, un 12,7 por ciento; los burgaleses, un 12,2 por ciento; y los palentinos, un 11,5 por ciento.

Los jóvenes son lo que más se marchan

En estas circunstancias salariales y de calidad en el empleo, la pérdida de trabajadores a favor de otras autonomías continúa. El año pasado salieron de Castilla y León 12.063 asalariados, de los que el 62,1 por ciento contaba con menos de 35 años; y llegaron 7.526, de los que sólo el 51,8 por ciento tenía esa edad, según las cifras recogidas de la Agencia Tributaria.

En concreto, CCOO constata que el saldo fue negativo en todas las franjas de edad salvo en la de las mayores de 55 años. Así, en Castilla y León entraron 497 personas menores de 26 años y salieron 1.136; de 26 a 35 años entraron 3.402 y salieron 6.467 -que representan el 3,6 por ciento de las personas de su edad que había en Castilla y León-; de 36 a 55 años entraron 3.187 y salieron 4.241 y mayores de 55 años entraron 439 y salieron 408.

CCOO advirtió de una doble amenaza para el futuro de la Comunidad, ya que a la actual reducción neta de personas asalariadas se suma que se trata, casi exclusivamente, de personas en edades fértiles y que es más intensa en mujeres que en hombres, lo que, “sin duda, dará una nueva vuelta de tuerca a la bajísima tasa de natalidad de Castilla y León, que hace que el crecimiento vegetativo de la Comunidad sea negativo”.

De hecho, el sindicato recalca que por cada persona de entre 26 y 35 años que este año se trasladó a Castilla y León desde la Comunidad de Madrid, más de tres hicieron el recorrido inverso; con Cataluña la proporción fue 2,6 y con Canarias fue dos salidas por cada entrada. Sólo con dos comunidades registró un saldo positivo en esta franja de edad: Castilla-La Mancha con la que la proporción fue de 0,8 salidas por cada entrada y Extremadura con la que tuvimos un saldo de dos entradas por cada salida.

Peticiones

Ante este panorama, CCOO entiende que es imprescindible el compromiso de toda la sociedad castellana y leonesa, en particular del Gobierno, de los sindicatos más representativos y de la patronal, y de los partidos políticos, para “diseñar las mejores estrategias que permitan revertir esta situación, estimulando las actividades económicas que supongan el cambio de modelo productivo hacia actividades basadas en el conocimiento, que contribuyan a recuperar el talento y la fuerza laboral que en este momento y en años anteriores se ha marchado de Castilla y León”.

CCOO llama especialmente a la “responsabilidad” de las empresas para que Castilla y León rompa con esta dinámica, especialmente en lo que tiene que ver con la creación de empleo y con su calidad. Asimismo, la central apela a una fiscalidad “justa y suficiente y mediante mecanismos que consigan la erradicación de la economía sumergida y del fraude laboral y fiscal”. En este sentido, recalca que uno de los retos que tiene por delante la Comunidad, es conseguir recursos suficientes para poder aplicar las políticas públicas necesarias.

“Es necesario poner a disposición de nuestra ciudadanía unos servicios públicos de calidad que garanticen la igualdad de oportunidades, especialmente a la población más vulnerable y el desarrollo de políticas que coadyuven al arraigamiento en nuestra tierra y, en particular en las zonas que más sufren la pérdida poblacional”, sentencian desde CCOO.