La vida sigue igual. Con diálogo y viéndose las caras, pero igual. Ni el Ayuntamiento ha cambiado ni un ápice su postura respecto al Campus de la Justicia ni tampoco ha convencido a la judicatura de que El Salvador es mejor opción que la parcela del barrio Girón. Las conversaciones siguen abiertas, pero visto el resultado de la cita inicial, el consenso se antoja muy complicado.
Porque el alcalde y su concejal de Urbanismo, Óscar Puente y Manuel Saravia, entienden que el problema del Campus judicial es una cuestión de ciudad y que su salida a Girón no haría otra cosa que agravar la crisis del comercio de proximidad. Por ello, el regidor insiste en que la de San Pablo es la opción «idónea» y recuerda que con el traslado al hipotético nuevo edificio de avenida de Las Mieses «se acentuaría la dispersión». «Los profesionales de la Justicia tendrían que ir más lejos», apuntó. Y así se le trasladó ayer, en una reunión en el Palacio de Justicia, al presidente de la Audiencia Provincial.
Fuego de artificio. Feliciano Trebolle, cree que «la solución de El Salvador es fuego de artificio». «Aún no sabemos qué opinan los propietarios, si habría que ir a una expropiación forzosa, si los dueños luego irían a los tribunales... Se nos ha dicho que, como muy pronto, tardaría cuatro años», resumió el representante de la judicatura a El Día de Valladolid. El presidente de la Audiencia Provincial estaba en la cita llevando el sentir de jueces, secretarios, forenses y funcionarios.
En contraposición a ese plazo de cuatro años, la judicatura se agarra a la promesa del Ministerio de Justicia de iniciar las obras en la parcela de Girón en las últimas semanas de este mismo año y de dotarlas económicamente en los Presupuestos de 2016, a fin de que el edificio principal (el de servicios comunes) y la primera ‘púa’ (en el edificio de la jurisdicción civil) se pudiese estrenar en un plazo de dos años. «El Ayuntamiento parte de la creencia de que el Ministerio no tiene interés en el proyecto, y a nosotros nos dicen que sí lo hay», argumenta Trebolle, quien sí se cree ese plazo de 2017.
Además, la judicatura defiende que El Salvador sería «otro parche» porque allí solo podría instalarse la jurisdicción civil y seguiría fuera del entorno de plaza de San Pablo la Contenciosa y los forenses. Un problema para el que el equipo de Gobierno pone sobre la mesa «parte de la parcela del viejo Río Hortega», contigua a El Salvador.
Una solución que, a juicio de Feliciano Trebolle, también sería insuficiente, ya que en el plazo de cinco años «Valladolid necesitaría cuatro o cinco juzgados más y no habría espacio para ellos», apuntó un Trebolle, que no comparte el plan municipal de El Salvador.
Respaldo social. En cambio, en la reunión vespertina entre el equipo de Gobierno (incluida la portavoz del Grupo de Sí se Puede) con comerciantes, empresarios, abogados y procuradores (de la que se borraron jueces, secretarios y funcionarios por no compartir la lista de invitados), Óscar Puente y Manuel Saravia sí obtuvieron todo el apoyo esperado a su idea. «Lo que está claro es que el equipo de Gobierno se halla plenamente respaldado», afirmó el alcalde. Es más, los abogados y los procuradores se han puesto también del lado municipal, en una clara división con los jueces.