Minutos antes de que se iniciara, hace unos días, la reunión de la Ejecutiva del partido, Gallardón se acercó a Celia Villalobos: «¿Vas a preguntar sobre el aborto?». La exministra, exalcaldesa y actual vicepresidenta del Congreso no pudo ser más clara y concisa: «Sí».
No fue ella la que planteó la cuestión una vez que Mariano Rajoy hiciera una larga exposición sobre el balance de estos dos años de Gobierno, se refiriera a los proyectos pendientes para el resto de la legislatura y pidiera que se explicara el esfuerzo realizado para tratar de superar la crisis económica y crear empleo. Fue el presidente extremeño, Juan Antonio Monago, el que solicitó la palabra para expresar su contrariedad por la reforma de la ley del aborto que había presentado el ministro de Justicia y también por el hecho de que no se hubiera tenido en cuenta la opinión de los propios miembros de la ejecutiva del PP, a los que no habían pedido sugerencias.
Gallardón se dirigió a sus compañeros de partido en los mismos términos en que lo había hecho públicamente en las últimas semanas: en contra del criterio generalizado el centro derecha tiene ideología, tiene también sus propios principios morales entre los que se encuentra la defensa de la vida y del nasciturus, y además gobierna y legisla teniendo en cuenta los principios básicos del bienestar social, que en ningún caso son patrimonio de la izquierda. Defendió su proyecto de ley, además, con el argumento de que la reforma del aborto se incluía en el programa electoral del partido.
Celia Villalobos replicó que otros asuntos figuraban también en el escrito y sin embargo no se habían cumplido. Dio por conocida su posición sobre el aborto y no pidió libertad de voto, sino que se hiciera una reflexión sobre la conveniencia de permitir libertad en algunas cuestiones que tienen que ver con la conciencia de cada uno, entre los que incluyó esta reforma.
El ambiente fue tenso. Tanto, que varios miembros de la ejecutiva comentaron, posteriormente, que el único que parecía tranquilo era el presidente; que sin embargo, no disimuló su contrariedad, incluso su malestar, porque tras el esfuerzo realizado para intentar superar la crisis económica, el debate político se había centrado en la reforma del aborto.
Para calmar a los barones regionales y alcaldes que en los últimos días no han dudado en hacer declaraciones públicas contrarias al documento presentado por Gallardón, y sobre todo a sus manifestaciones respecto a que no pensaba cambiar la ley en su trámite parlamentario, Rajoy indicó a su titular de Justicia que debía dialogar con los dirigentes regionales de la formación para escuchar sus propuestas respecto al proyecto de ley, así como con los portavoces de los partidos de la oposición.
Unas palabras que los asistentes interpretaron, casi unánimemente, como una desautorización a Gallardón, aunque en el entorno del mandatario advertían al día siguiente que el presidente respaldaba a su ministro. Le respalda, pero le ha dado un toque con el que el ministro no contaba.
Política económica. Rajoy, por otra parte, pidió también a los díscolos que hicieran el esfuerzo de callar y se centraran en lo que de verdad importa, explicar a los ciudadanos que este Ejecutivo acierta en su política económica como se comprueba por los resultados obtenidos en los dos primeros años de legislatura. Un consejo que desde luego no ha seguido el dirigente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que hace unos días volvía a exponer su idea de que el proyecto de ley debía revisar la propuesta relacionada con la malformación del feto, que en la fórmula Gallardón exige que para abortar la madre debe aportar el certificado de dos médicos distintos que avalen que seguir adelante con el embarazo perjudicaría gravemente el estado de salud físico o psíquico de la gestante.
Una condición que varios miembros populares rechazan de forma tajante, entre ellos altos cargos que son médicos de profesión y que han expresado públicamente sus reservas sobre este punto de la ya denominada Ley Gallardón, que es el que centra las críticas. Uno de ellos, además de apuntar que sufren problemas psicológicos todas las madres que saben que van a tener un hijo con graves malformaciones pero cosa distinta es que consiga dos certificados médicos que lo avale, advertía irónica y con rostro serio que ese punto favorece a las clínicas abortistas privada, la práctica totalidad de ellas en manos de personal de izquierdas muy ideologizado que siempre está dispuesto a realizar una intervención quirúrgica aunque no se cumplan escrupulosamente las condiciones que marca la ley: violación de la mujer, riesgo de enfermedad para la madre y, hoy todavía, malformación del feto. Que es el punto que no recoge la norma porque según el ministro estaría incluido en el de riesgo de enfermedad para la madre.
Miembros veteranos del PP recuerdan estos días que cuando José María Ruíz Gallardón era asesor jurídico del partido en tiempos de Fraga aseguraba que su hijo, por el que sentía una profundísima admiración, era mucho más conservador que él. Y esos mismos que hoy recuerdan las palabras de José María Ruiz Gallardón explican que el aura de progresismo del ministro de Justicia se debe a que en tiempos del Gobierno de Aznar, con el que Gallardón tuvo importantes desencuentros, contó con el apoyo del grupo Prisa que sin embargo atacaba frontalmente al presidente de Ejecutivo. Pero que ese compadreo con un grupo considerado progresista o prosocialista no significaba que Gallardón lo fuera.