El Ministerio de Hacienda tiene previsto cerrar el procedimiento de regularización catastral que inició en el 2013 a finales de este año sino es necesario abrir una nueva prórroga el 31 de diciembre, ya que los trabajos de inspección siguen en curso en 326 municipios de Castilla y León. De ellos 49 son la de la provincia de Valladolid.

La relación de estos bienes no declarados, que facilita el Ministerio de Hacienda, recogida por Ical, constata que se trata fundamentalmente de reformas y cambios de uso, 104.826; ampliaciones y rehabilitaciones de casas ya existentes, 79.713; nuevas construcciones, 78.139, y piscinas 4.189 en toda la Comunidad.

El proceso extraordinario, concluya o no este año, reportará grandes beneficios a las arcas gubernamentales, ya que cada bien destapado hasta la fecha y son 266.867 en la Región (22.925 en Valladolid), supone una tasa de regularización de 60 euros, lo que representa ingresos por encima de los 16 millones en la Comunidad (1,3 millones en la provincia vallisoletana), a los que habría que sumar luego los incrementos de recaudación tributaria.

En el lado contrario, el procedimiento ha generado casi 4.000 reclamaciones de ciudadanos de la Comunidad, en desacuerdos con el resultado de la inspección. En concreto y según los datos aportados por el Ministerio de Hacienda a Ical, del total de procedimientos de regularización iniciados en Castilla y León, en un 1,4 por ciento los titulares recurrieron las descripciones catastrales de sus inmuebles, lo que supone 3.762 reclamaciones (220 en Valladolid, es decir el el 0,96 por ciento en proporción a los bienes regularizados).

El Catastro basa sus reclamaciones fundamentalmente en imágenes obtenidas por satélite o drones y es común que pueda considerar una construcción no declarada una piscina hinchable o una pérgola, cuando no pueden ser incluidas al no constituir estructuras fijas.

En este sentido, cabe destacar que la iniciación del procedimiento de regulación, que es de oficio, se comunica a los interesados para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de 15 días. Si la regularización catastral ya es firme, el propietario puede recurrir la decisión vía recurso administrativo de reposición; o si es rechazado, con una reclamación económica administrativa. Cuando la vía administrativa fracasa, existe la posibilidad también de acudir a los tribunales, a la vía del contencioso a través de un procedimiento judicial.

La regularización tiene como finalidad la incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características, que no hayan sido declarados correctamente por sus titulares, para abonar el IBI correspondiente. Los trabajos acometidos han permitido aflorar en la Comunidad 235.235 bienes urbanos y 31.632 rústicos.