La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que el Ejecutivo aprobará una reducción inicial del 20 por ciento de las empresas públicas y fundaciones, y que pondrá en marcha un plan integral de gestión inmobiliaria que permita acabar con la «paradoja» de que se gasten 100 millones de euros en alquileres.

En la Comisión Constitucional del Senado, la portavoz avanzó que el Ejecutivo reducirá, fusionará y eliminará entidades que no sirvan a «un propósito público claro y justificado». Según recordó, actualmente existen 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios, cuya deuda acumulada se acerca a los 60.000 millones de euros, «prácticamente el triple que hace tres años». Por eso, explicó  que Hacienda y Presidencia trabajan por una «reducción inicial» de entidades del entorno del 20 por ciento.

 En su intervención, destacó, además, que otro objetivo del equipo de Rajoy es llevar a cabo una «gestión integral» para aprovechar al máximo los inmuebles a disposición del Estado, después de que el Inventario General de Bienes Inmuebles cifrase en casi 55.000 el número de edificios de que dispone la Administración. Sobre esto, señaló que  resulta «paradójico» que se gasten 100 millones de euros en alquileres.

Ejemplaridad y exigencia. Por otro lado, avanzó que, antes de un mes, el Ejecutivo llevará al Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, una norma cuya vulneración tendrá aparejadas sanciones para los dirigentes que incumplan el límite de déficit o no reflejen los gastos contraídos. Además, esta norma irá acompañada de una modificación del Código Penal para castigar las conductas más graves, en particular en lo que se refiere a la gestión de los recursos.

«Todos estaremos sometidos al principio de responsabilidad, de ejemplaridad y de máxima exigencia. La novedad es que no se trata de meras recomendaciones. La vulneración de esos principios dará lugar a la comisión de infracciones administrativas que llevarán aparejadas sanciones», explicó la popular.

 En concreto, la portavoz indicó que la norma impondrá multas  a quienes incumplan los límites de déficit y endeudamiento; a quienes eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas, o no colaboren y no aporten la documentación requerida por los tribunales de Justicia o los órganos de fiscalización. «La respuesta será contundente», enfatizó.

 Asimismo, indicó que el Gabinete aprobará una ley complementaria con una modificación del Código Penal para tipificar infracciones penales que castiguen las conductas más graves.

 La ministra de la Presidencia destacó que el objetivo de este proyecto es «derribar muros y poner un techo de cristal sobre el trabajo de los gestores públicos». Con ese propósito, la normativa incluirá una serie de principios éticos generales y obligaciones.