Cuando parecía que todo estaba allanado para la reapertura de la central nuclear de Garoña, pendiente sólo de informes de seguridad, ahora surge un nuevo elemento que puede volver a enmarañar el proceso: una multa de 18,4 millones de euros de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), por considerar que el cese de la actividad en 2012 se produjo «sin autorización».

 

La empresa que gestiona la central burgalesa, Nuclenor (participada por Iberdrola y Endesa) anunció ayer que recurrirá ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la sanción. Este recurso se basará en los argumentos que Nuclenor ya ha defendido durante el proceso administrativo que comenzó el 25 de julio de 2013 cuando la CNMC inició el expediente sancionador por la parada del reactor de la Central Nuclear de Santa María de Garoña.

 

El cese de la explotación de Santa María de Garoña estaba previsto para el 6 de julio de 2013. Sin embargo, el consejo de administración de Nuclenor acordó el 14 de diciembre de 2012 «la adopción de las medidas necesarias para la extracción definitiva del combustible nuclear irradiado en la central y su descarga en la piscina de combustible gastado, con el consiguiente cese definitivo de la central con anterioridad al 31 de diciembre de 2012». A las 22.57 horas del día 16 de diciembre de 2012 se produjo la parada efectiva de la central.

 

Según la Resolución aprobada por la CNMC, «la decisión de detener el funcionamiento de la central y la ejecución de las actuaciones necesarias para la descarga de completa del combustible se adoptaron por Nuclenor estando plenamente vigente y operativa la autorización de explotación de la central, y sin que concurrieran las circunstancias de parada previamente programada, ni circunstancias imprevistas de carácter técnico o de seguridad que aconsejaran o hicieran necesaria la parada».

 

En su momento, Nuclenor presentó alegaciones al citado expediente justificando que la parada que realizó en diciembre de 2012 estaba incluida en sus competencias y que no se requería autorización especial para dicha acción. Los principales argumentos que expone en su recurso son en primer lugar que la decisión de Nuclenor de parar la central fue una decisión «responsable y la única salida viable a la situación de insolvencia creada por la aprobación de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética».

 

El comunicado añade que la decisión de parar la central el 14 de diciembre de 2012 se adoptó «para cumplir con sus obligaciones societarias dado el quebranto económico que suponía para la Sociedad y el riesgo de incumplir lo establecido en la legislación, que requiere que el titular cuente con medios económicos-financieros para garantizar la ex plotación segura». Es decir, «lejos de ahorrarse 150 millones de euros, lo que hizo Nuclenor fue salvaguardar el patrimonio de la sociedad y los derechos de los trabajadores, permitiendo de esta manera mantener una plantilla de más de 600 personas entre empleados de Nuclenor y de empresas colaboradoras.

 

La Junta de Castilla y León calificó ayer de lógica la sanción a Nuclenor, si se prueba que ha incumplido la ley por el cese de la actividad con anterioridad a la fecha prevista sin que se justifique por razones técnicas o de seguridad.

 

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, no obstante, considera que  el debate en el que se encuentra ahora es sobre la seguridad, aspecto en el que la Junta ha defendido la reapertura si es segura.