Castilla y León presentó la séptima tasa de litigiosidad más baja del país en el tercer trimestre del año, con 25,4 asuntos por mil habitantes, por debajo de la media estatal de 28,6, según el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en el el periodo de estudio, difundido hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recogido por Ical.

En los órganos jurisdiccionales de Castilla y León entraron 61.038 asuntos, un 1,22 por ciento menos que en el mismo periodo de 2017. Los tribunales castellanos y leoneses resolvieron 54.138 asuntos, un 2,6 por ciento más, quedando en trámite al final del trimestre un total de 103.590 asuntos.

En la jurisdicción Civil el número de asuntos ingresados en el tercer trimestre alcanzó los 21.850. En esta jurisdicción se resolvieron 19.145 asuntos y quedaron en trámite 55.687.

Mientras, en la Penal entraron 33.055 asuntos, habiéndose resuelto 30.311 y quedando en trámite 30.974. En cuanto a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, llegaron 1.784 nuevos asuntos, se resolvieron 1.310 y quedaron en trámite 5.297 asuntos.

La jurisdicción Social registró 4.349, resolvió 3.372 asuntos y dejó en trámite 11.632.

Los tribunales españoles resolvieron durante el tercer trimestre de 2018 un total de 1,2 millones de asuntos, un 2,4 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Al final del trimestre quedaron en trámite 2,5 millones.

También se incrementó el número de asuntos que ingresaron en el conjunto de los órganos judiciales de toda España: un total de 1,33 millones de asuntos, un 0,7 por ciento más que el tercer trimestre de 2017.

Las comunidades que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la media nacional fueron Canarias (con 38,3 asuntos por cada 1.000 habitantes), Islas Baleares (con 32,8), Andalucía (con 32,7), Asturias (con 29,9), Cantabria (con 29,8) y Comunidad Valenciana (con 29,2). Por contra, las que presentan la tasa más baja fueron La Rioja (19,5), País Vasco (20,38) y Navarra (21,37).