La Junta de Castilla y León calificó ayer de «positivo» el acuerdo alcanzado ayer entre los trabajadores y la multinacional francesa Lactalis sobre la fábrica de Lauki en Valladolid y resaltó, en particular, que la firma abra un periodo de cuatro meses para buscar un comprador de la planta vallisoletana. En un comunicado, la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, agradece el esfuerzo negociador, pero insiste en que la Junta no entiende ni ha entendido nunca que se plantee el cierre de una empresa rentable, como ha hecho Lactalis sobre su planta en Valladolid, y añade que así se lo han hecho llegar a la compañía, según recogió la Agencia Ical.
Estas declaraciones las realizó tras el anuncio de Lactalis el pasado viernes a los trabajadores de la factoría de Lauki su intención de retrasar el cierre, previsto para finales de junio, hasta octubre, al tiempo que se ha mostrado favorable a una posible venta. Sobre esto, precisó la consejera, subrayó que no se ejecute el ERE mañana lunes, el plazo para la búsqueda de un nuevo comprador, el estudio de posibilidades de empleo para sus trabajadores en un ámbito de su entorno familiar y que las indemnizaciones no sean inferiores a 45 días por año trabajado.
Marco valora que se garantice una línea de diálogo con la empresa, algo que advierte de que no ha sido así hasta ahora, con la creación de una comisión de seguimiento en la que se informará de «lo que se hace». «Nos hubiera gustado que estos objetivos se hubieran conseguido sin un plan social», lamentó.
Sindicatos. Los secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO en Castilla y León, Evelio Angulo y Vicente Andrés, se mostraron satisfechos por el acuerdo alcanzado con Lactalis porque se recoge expresamente que la multinacional buscará «de forma activa» un posible comprador para la factoría vallisoletana aunque ello suponga el acta de «defunción» de Lauki. Ambos sindicatos valoraron la suspensión de expediente de regulación de empleo y la ampliación hasta octubre de la fecha de cierre de la factoría, marcada para el 30 de junio. No obstante, recordaron que firmaron un plan social que se aplicará en el caso de que la venta no se lleve a efecto y que contempla recolocaciones para los 85 trabajadores, bajas incentivadas e indemnizaciones no inferiores a 45 días pro año trabajado.
«Esperemos que el plan social no se aplique», manifestóVicente Andrés en declaraciones a Europa Press, quien dijo que el diálogo ha conseguido que finalmente la planta se ponga a la venta, con lo que la multinacional «ha doblado» hacia una reivindicación de los trabajadores. Así, en cuanto al plazo de cuatro meses, ha detallado que la venta de una unidad productiva no se hace «en una semana» por lo que cree que hasta octubre «hay tiempo» para cerrar un acuerdo de estas características, al tiempo que se ha mostrado optimista sobre posibles ofertas. Por su parte, Angulo recordó que en el proceso de compra-venta se articulará a través de la Fundación Anclaje.