La campaña del Impuesto de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Valladolid, que comenzará la primera semana de junio, dejará este año en las arcas municipales casi 70 millones de euros. Los vallisoletanos pagan de media al año por este tributo unos doscientos euros, que es la cuantía del recibo tipo por  una vivienda con unos noventa metros cuadrados.

Un impuesto del que están exentos los 417 inmuebles que tiene en la capital la Iglesia Católica, además de otros cuatro edificios pertenecientes a otras confesiones minoritarias, como las evangélicas, la judía y la islámica, y que supondría unos ingresos extra de 1,5 millones de euros. Este régimen fiscal especial se debe a los acuerdos entre la Santa Sede y Estado español sobre asuntos económicos firmado el 3 de enero de 1979 y, además, está amparado también por la ley que regula las entidades sin fines lucrativos y la de los incentivos fiscales al mecenazgo.

El Ayuntamiento girará este año 256.988 recibos del IBI, que  supondrán unos ingresos de 69.670.727 euros.  De estos recibos  2.174 tienen una cuota cero por exención, 417 son de la Iglesia, y otros 3.476 están bonificados. Según el padrón municipal, se podría ingresar 76,3 millones por todo el parque inmobiliario, pero las exenciones y bonificaciones restan casi 6,7 millones (1,5 millones son por bienes de la Iglesia). Aun así, se trata del principal ingreso para las arcas municipales porque representa el 26% de los 261,3 millones que se prevé ingresar este año, según  los presupuestos municipales.

Además, su  cobro se considera fundamental para que el Consistorio pueda acometer las inversiones previstas en las cuentas de 2016, pero también sirve para afrontar el pago de las nóminas de los funcionarios municipales, que supone un desembolso de 136,3 millones anual, el pago a los proveedores y para financiar otros gastos de funcionamiento ordinarios.

Bienes exentos. Los ingresos procedentes del IBI, que coloquialmente se conoce como ‘contribución’,  se podrían incrementar en 959.331 euros si los beneficiarios por lo estipulado en los acuerdos con la Iglesia tributaran por los 302 inmuebles que tienen distribuidos por todos los barrios de la capital. A estos contribuyentes habría que sumar otros 82 inmuebles exentos por la ley de beneficios fiscales, que se ahorran de ingresar al Ayuntamiento 85.935 euros este año. Además hay 33 edificios dedicados a enseñanzas concertadas por los que el Ayuntamiento de Valladolid dejará de ingresar este año 460.655 euros. En este capítulo también habría que incluir las cuatro propiedades registradas a nombre de otras iglesias no católicas, que se ahorran 595,76 euros por este impuesto sobre los bienes inmuebles.

En el padrón del IBI de este año, estos 421 edificios están catalogados con muy diversos usos catastrales. Así, 134 tiene calificación residencial, por lo que si recibieran el recibo de la ‘contribución’ deberían abonar a las arcas municipales 139.432 euros. En ese epígrafe se incluyen las numerosas residencias de la tercera edad que las ordenes católicas gestionan en la capital.

Les siguen muy de cerca los de uso religioso, ya que según el Catastro hay 107 edificios dedicados a este fin en la capital y están exentos de abonar 469.840 euros por este impuesto municipal. La Iglesia tiene inscritos otros 54 inmuebles en Valladolid con uso cultural, una catalogación que les ahorra 528.641 euros en el IBI, y 53 como almacén, que están libres del pago de los 89.291 euros por la contribución. En el padrón municipal  también aparecen 21 bienes catalogados como obras de urbanización (27.552 euros), 19 con uso de comercio (27.173 euros), 9 utilizados como oficinas (59.287 euros), seis con uso industrial (16.223 euros), cinco para uso deportivo (30.558 euros) y cuatro con uso de ocio y hostelería (9.732).

La norma general es la exención de pago pero su aplicación no ha estado exenta de polémicas  por su posible ambigüedad. Tanto que el Tribunal Supremo dictó en  4 de abril de 2014 una sentencia en la que consagra la exención total del pago del IBI a la Iglesia por todos sus inmuebles, con la única salvedad de los afectados por explotaciones económicas.

«Esos acuerdos marcan un ámbito de relaciones diverso: tanto los que tienen que ver con la presencia de la Iglesia en la educación y la sanidad, por cierto, dos de los pilares del Estado del Bienestar», recuerda Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid. En este sentido, reitera que los acuerdos también hablan de lo que significa el patrimonio cultural de la Iglesia, patrimonio mobiliario o inmobiliario.

«Creo que estamos todos de acuerdo en la importancia de arrimar el hombro, cada cual desde su ámbito, para que todo ese gran patrimonio pueda seguir vivo. En definitiva, es evidente que un Estado tiene derecho a plantearle a otro con el que ha firmado un acuerdo y plantearle una revisión», reconoce. «Si situamos las cosas bien, pues es fácil que se entienda que los acuerdos tienen su razón de ser y que si hay algún aspecto que sea necesario cambiar se cambie», concluye.

Bienes no exentos. En la capital  tanto la Archidiócesis como 26 congregaciones religiosas pagarán 16.348 euros este año por el IBIde 52 inmuebles urbanos dedicados a usos de almacén, comercio, industrial, deportivo, religioso y residencial.

Aunque este cantidad se incrementaría si también se incluyeran las comisarías, colegios e institutos o el Centro Penitenciario de Valladolid. Esta exención incluida en la Ley de las Haciendas Locales afecta a las propiedad del Estado, la Junta o el Ayuntamiento. También se benefician los bienes comunales y los montes vecinales, las ONG como Cruz Roja Española, la estación de tren o los bienes culturales y jardines históricos. Así, todos los edificios catalogados como patrimonio histórico no pagan el conocido como IBI urbano.