Dos meses y 13 días después del anuncio de cierre de Lauki a partir del 30 de junio, la multinacional francesa Lactalis sigue dispuesta a echar el candado y tirar la llave. En todo este tiempo, la propietaria de la marca de leche del lema ‘Cuida de ti y los tuyos’ no ha dado la más mínima esperanza de continuidad a sus trabajadores en Valladolid, dada su negativa no sólo a mantener la planta de la avenida Santander, sino a venderla a cualquiera que pudiera parecerle competencia.
A sus empleados sólo les ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aceptar recolocaciones en fábricas de Lugo o Granada, principalmente, o coger la indemnización para iniciar una nueva vida de incierto futuro laboral. Y entre uno y otro escenario, la judicialización del conflicto cobra cada día más fuerza como única alternativa para seguir peleando, y para que sea por tanto la Justicia la que se pronuncie sobre la cuestionada legalidad del cierre de la planta vallisoletana a través de un ERE cuyo periodo de consultas concluye este viernes. La penúltima reunión fue ayer y aunque se prolongó dos horas, sólo sirvió para intercambiar reproches por cuestiones como la filtración de parte del plan social a los trabajadores sin el visto bueno del comité.
Respecto a la vía judicial, sólo se abrirá si los trabajadores aprueban esta opción en asamblea, aunque el comité está por la labor y tanto CCOO como UGT avanzaron hace semanas su disposición a plantar batalla «hasta las últimas consecuencias». Así sucedió tiempo atrás con la factoría soriana de Puertas Norma, pero hubo que esperar año y medio a que un juez declarase aquel cierre como ilegal.
Otra cuestión sería que Lactalis sorprendiera en la reunión del jueves con una alternativa de última hora; que la unidad de la plantilla se quiebre por la tensión de los últimos días y los sindicatos se vean entonces obligados a negociar el plan social; o que de repente estos últimos encuentren una nueva medida de presión con su visita de hoy y mañana al Parlamento Europeo.
A Bruselas vuelan este mediodía miembros del comité de empresa y cargos de CCOO y UGT ya no con esperanza de encontrar directamente la llave del candado, pero quizá sí algo que permita dar una vuelta de tuerca a la multinacional tras haberla denunciado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por utilizar 1,4 millones de fondos Feder para potenciar la fábrica de Villalba (Lugo) y cerrar la de Valladolid, según sostienen.
La denuncia presentada a través de la Fundación Anclaje (adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda) carece de valor judídico, pero los representantes de los trabajadores esperan que tenga algún efecto y para ello prevén reunirse precisamente con la vicepresidenta de la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo. También se verán con europarlamentarios españoles, cuando todavía está candente el regreso de Herrera de París, la semana pasada, con una «vía de diálogo» abierta pero sin ningún compromiso de continuidad por parte de la firma gala.
A Valladolid cuentan con regresar el miércoles por la noche o ya incluso el jueves de madrugada, con sólo unas horas de margen antes de la última reunión con la empresa. El tiempo se acaba, pero la esperanza todavía no.