El Ayuntamiento de Tordesillas no tiene posibilidades de recurrir jurídicamente el Real Decreto de la Junta de Castilla y León que prohibe la muerte en público del Toro de la Vega. Al menos así lo pone de manifiesto la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, que recoge que solo están legitimados para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo o las firmas conjuntas de 50 parlamentarios.
El decano de la Facultad de Derecho y catedrático de Constitucional, Juan María Bilbao Ubillos, aseguró que el Ayuntamiento de Tordesillas «no tiene opciones» para ‘tumbar’ el decreto de la Junta. «El Ejecutivo regional lo ha hecho muy bien porque un decreto tiene el mismo carácter que una ley y ésta tiene una protección especial», destacó el decano.
De esta forma, el Consistorio, que sí cuenta con el apoyo jurídico de la Diputación de Valladolid (administración que ha ofrecido su asesoramiento jurídico)? no tendría más remedio que buscar el apoyo de 50 parlamentarios para que firmaran el recurso de inconstitucionalidad, algo que parece poco probable.
Hay que tener en cuenta que en estos momentos, ambas cámaras, tanto el Senado como el Congreso, están disueltas ante la convocatoria de las elecciones del próximo 26 de junio.
El plazo máximo para presentar este recurso ante el TC es de tres meses desde la publicación del decreto ley. Es decir, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicaba el pasado viernes, 20 de mayo, el decreto y un posible recurso se podría presentar hasta el 20 de agosto. Se da la circunstancia de que las Cortes generales tienen que estar constituidas como muy tarde el 19 de julio, dando tiempo en el caso de que medio centenar de diputados o senadores quisieran llevar a cabo el recurso.
También cabe la posibilidad de que un juez o un tribunal presente una cuestión de inconstitucionalidad ante este decreto. Al igual que los anteriores, sería un caso remoto ya que puede hacerlo tanto de oficio como a instancia de parte, al considerar que una norma con rango de ley aplicable a un caso concreto y de cuya validez dependa el fallo de un determinado caso pueda ser contraria a la Constitución. Entonces, si se produjera este caso con el Toro de la Vega, un juez sí podría realizar una consulta al TC para comprobar que el decreto de la Junta no contradice la Constitución. «Si fuera un reglamento, el Ayuntamiento sí podría ir por la vía contencioso-administrativo, pero al tratarse de una ley no puede hacer nada», aseguró el decano.
el ayuntamiento trabaja. Y mientras tanto, el Ayuntamiento sí está trabajando en un recurso, aunque no se ha desvelado por el momento en qué sentido. Hoy mismo los integrantes del Grupo Municipal Socialista (equipo de Gobierno) se reunirán para estudiar todas las posibilidades y mañana llegará el turno de reunirse con la oposición para continuar trabajando en la defensa del torneo.
Y eso cuando dentro de un marco de conflictividad dentro del PSOE, donde el alcalde, José Antonio González Poncela, se encuentra solo dentro de su partido. La secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, aseguró ayer que el regidor no ha pedido abandonar la formación abriendo un asunto que no había salido a la palestra por el momento. La posibilidad de que el alcalde deje el PSOE ante la falta de apoyos en defensa de su autonomía municipal. Algo que se encargó de descartar de forma categórica el propio González Poncela. «No voy a abandonar el PSOE».
Por su parte, el vicepresidente del Patronato del Toro de la Vega, José Ramón Muelas, solicitó ayer la dimisión del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, así como de todos los consejeros del Ejecutivo regional. «No vamos a ceder ni un milímetro en nuestro empeño». Además, indicó que la Federación de Tauromaquia de Castilla y León también está preparando medidas legales contra el decreto.