Si hay una fecha marcada en rojo por los independentistas es la del 20 de septiembre de 2017, cuando se produjo el asedio a la Consejería de Economía de Cataluña durante los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Tal y como había pedido, extraoficialmente, Puigdemont, había que calentar la calle. Oquemarla.  

Las imágenes del edificio rodeado de miles de personas que impedían la salida de la comisión judicial se prolongaron hasta la madrugada del día 21, con los entonces presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, arengando a los manifestantes desde el capó de un coche de la Guardia Civil y los agentes sin tratar de dispersarlos. 

Ellos declararían después, ante la Justicia, que no incitaron en ningún momento a los manifestantes a quedarse toda la noche y que sus mensajes siempre fueron pacíficos, versión desmontada por el juez Pablo Llarena en uno de sus interrogatorios a Sànchez. 

 Por estos hechos fueron citados a declarar a finales de septiembre por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tanto los Jordis como el exmayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, a los que imputó el delito de sedición basándose en los actos «tumultuarios». La togada destacó entonces la «especial importancia del papel» que Sánchez y Cuixart «tuvieron en los hechos, participando activamente en la convocatoria de las concentraciones, alzándose además como sus principales promotores y directores, manteniéndose al frente de las mismas durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados».