El Tribunal Constitucional dejó ayer en suspenso, al admitir a trámite, tres leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña recurridas a finales del pasado mes por el Gobierno. Se trata de la ley que grava las viviendas vacías, la de gobiernos locales y la ley de igualdad entre hombres y mujeres; y los recursos llevan aparejada la petición de su suspensión cautelar si son admitidas a trámite.
Las providencias dadas a conocer ayer, que fueron aprobadas en el Pleno del Constitucional de la semana pasada, acuerdan dar traslado de todas las actuaciones al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y a la Generalitat de Cataluña, que dispondrán de un total de 15 días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.
La admisión supone la suspensión de la vigencia y aplicación de los tres preceptos impugnados como consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno en su recurso del artículo 161.2 de la Constitución.
Según explicó el pasado 22 de abril el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, el Gobierno impugna la ley que establece un impuesto a las viviendas vacías porque ese hecho imponible ya está gravado en el actual sistema de financiación de las haciendas locales, que prevé recargos de hasta el 50 por ciento en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Un nuevo tributo sobre el mismo hecho, ha dicho, incurre en «vicio de inconstitucionalidad».
Las otras dos leyes afectadas, recurridas porque el Ejecutivo central estima que invaden sus competencias, son la Ley 16/2015 relacionada con la actividad de los gobiernos locales y la Ley 17/2015 orientada a la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Catalá justificó estos recursos en el «el ejercicio normal de las competencias de cada administración pública cuando considera que otra se ha extralimitado en sus competencias».
La reacción. Como respuesta, Puigdemont anunció que impulsará una norma para dejar «sin efectos prácticos» el recurso. Será «un instrumento legal nuevo que continúe dotando a los actores de este ámbito de herramientas útiles, prácticas y seguras», resumió.
Puigdemont expresó el compromiso del Govern de «dejar sin efectos prácticos» la suspensión, por lo que pretende impulsar una nueva norma que sirva «para sustituir todo aquello suspendido», pero que recoja también lo que no se ha anulado, con el fin de que integre «todos los elementos para dotar al mundo local, a la Generalitat y a los actores sociales de las «herramientas para dar respuesta de país con argumentos sólidos».