La consejera de Familia asegura que es complicado garantizar la prestación de servicios públicos esenciales bajo la premisa de la austeridad. La receta pasa, a su juicio, por priorizar y diseñar procedimientos de trabajo para aprovechar todos los recursos disponibles, sin olvidar la colaboración de las corporaciones locales y del tercer sector de cara a atender a las personas con más necesidades.

¿Trastoca mucho los planes de su Consejería la reforma de la administración local?

No. Realmente, el procedimiento de trabajo que se establece es un proceso. Es decir, cada uno sabe, en cada momento, lo que tiene que hacer, cuándo y en qué plazo lo tiene que resolver. En todos los servicios sociales de la Junta participan los profesionales de las corporaciones locales y administración regional.

¿Cabe alguna revisión?

Lógicamente, si cambia el modelo de competencias, habrá que revisarlo. Pero, hasta el momento, ninguna corporación local, salvo alguna excepción, ha estado en contra de este procedimiento. Entre otras cosas, porque ha dado buenos resultados. Hemos optado por un modelo que evita duplicidades y optimiza los recursos.

¿Qué ocurrirá si la Junta tiene que absorber a todo el personal?

La estructura no va cambiar, independientemente de si la Junta tiene que asumir a todo ese personal. Si hay financiación, no habrá problema. La Junta no tiene intención de modificar sus procedimientos de trabajo con la reforma local ni dejar de garantizar la atención de proximidad.

¿Por qué el Gobierno no ha optado por copiar el sistema implantado en Castilla y León, que los estudios destacan como uno de los mejores?

Es imposible intentar implantar, en un plazo breve, un modelo como el de Castilla y León, donde llevamos trabajando más de cinco años.

¿Hay resquicios legales para hacer excepciones y que Castilla y León pueda seguir manteniendo el modelo que ahora?

Yo estoy tranquila, siempre y cuando haya financiación y que ese dinero vaya acorde al procedimiento. Lo que no se entendería es que las corporaciones locales se queden con la financiación de servicios sociales y que la competencia pase a la Junta.

¿Va cambiar el mapa de servicios sociales en la Comunidad?

El mapa deberá ira asociado a la ley autonómica. No creo que la reforma local vaya a penalizar a Castilla y León, que los estudios nacionales sitúan, gracias a este modelo, como la más eficiente. Es decir, con menos presupuesto atiende a bastantes más personas que el resto. No se trata de gastar más, si no de gastar mejor.

¿Cuándo dinero transfiere ahora la Junta a las corporaciones locales y las diputaciones para prestar los servicios sociales en los municipios?

La Consejería transfiere cerca de 100 millones para los servicios sociales de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones, porque es la forma de llegar a los municipios más pequeños. La partida más grande, de 57 millones, va destinada a ayuda a domicilio. Hay que recordar que las corporaciones también aportan dinero, entre un 10 y un 15 por ciento.

¿Es suficiente la cantidad que reciben las corporaciones locales y las diputaciones, sobre todo en un momento de incremento de necesidades?

Hay reuniones bilaterales para establecer una proyección de la necesidad que puedan tener a lo largo del año e incluso se les deja transferir presupuesto entre un programa y otro.
 

¿Es posible asumir 10.000 plazas residenciales de personas mayores en un año?

(Silencio). Sin financiación, no. Y con ella, creo que es razonable abrir un plazo de negociaciones y ver el tiempo para establecer los mecanismos de transferencia, siempre y cuando haya financiación suficiente. Realmente, son competencias propias de las corporaciones locales desde el  momento en que los ayuntamientos o las diputaciones las han construido y pagan a los trabajadores.

¿Capacidad existe, por tanto?

La Junta puede gestionar las residencias pero con financiación, tiempo y acuerdos. Son los elementos clave y se tienen que dar las tres condiciones. Queremos garantizar la atención  a las personas,  por lo que asumir las plazas sin dinero es difícil, ya que hay que pagar las nóminas y asumir los gastos de mantenimiento. No hay problema por gestionar esas residencias. Ahora, ya, gestionamos 158 centros que llegan a los 202 con las guarderías.

¿Qué plazo sería aceptable?

Nuestra norma marca que se abra un proceso de negociación. Desde luego, cuando tengamos la garantía de financiación empezaremos a hablar.

¿Qué resultados ha dado la Red de Protección a las familias?

Es un proyecto muy complejo porque son muchísimas las entidades que forman parte de él. Supone cambiar la forma de trabajar de la Junta, corporaciones locales y tercer sector. Estamos tejiendo una red muy amplia en todo el territorio, de la que forma parte casi toda la población. En dos meses de funcionamiento, ha atendido a unas 2.000 llamadas, a través del teléfono 012.

¿Puede la administración presionar a los bancos para evitar ejecuciones hipotecarias?

En principio, estamos teniendo muy buena respuesta. Ha habido unos 1.400 casos de desahucios atendidos y cerca del 80 por ciento de los cerrados se ha resuelto con acuerdo. Hay ocasiones en que la familia quiere la dación en pago y desprenderse de la casa,  otras optan por un alquiler social y algunas logran la reestructuración de la deuda.

¿Serán suficientes los 53 millones de la Renta de Ciudadanía para el año próximo?

La Renta es un derecho subjetivo y es un crédito ampliable. Es decir, las personas que tengan derecho a ella y la soliciten a lo largo del año tendrán esa prestación. La partida será la que haga falta aunque tengo esperanzas de que la crisis vaya a menos.
 

¿Cree que la crisis ha servido para que los ciudadanos se conciencien de que deben participar en el coste de los servicios?

En los servicios sociales, siempre ha habido aportación del ciudadano. Es importante de que todos sepamos que los servicios públicos que recibimos cuestan dinero. Hemos optado por que quien tenga más recursos aporte más y el que no tiene nada, no aporta ninguna cantidad. Es la única manera de garantizar la equidad en las prestaciones.