Lleva como funcionario desde 1980 cuando aprobó unas oposiciones a la Policía Municipal de Valladolid, aunque luego ascendió a oficial y, en la actualidad, ejerce su trabajo en el Distrito 3 del barrio de Parquesol. La vinculación de Carlos Hernando (Valladolid, 1960) con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) se remonta a 1995 cuando se afilió, aunque pronto comenzó a ejercer puestos de responsabilidad en el sindicato. Primero, en la sección sindical del Ayuntamiento de Valladolid, luego como coordinador de las policías locales de Castilla y León y como secretario regional de la administración local hasta que en 2012 se convirtió en presidente provincial de CSIF en Valladolid. Un puesto que compaginará, a partir del 7 de diciembre, con el de responsable regional aunque tiene previsto continuar con su trabajo en la Policía. En la actualidad, también es vicepresidente de CSI-F en Castilla y León por lo que con la jubilación del actual responsable, Nicanor García, pasará a hacerse cargo del sindicato a nivel autonómico hasta principios de 2016, tal y como marcan los estatus de la central sindical aunque tendrá que ser ratificado por los órganos sindicales.

¿Va a continuar con la línea iniciada por Nicanor García?

No puede ser de otra forma porque he formado parte de su equipo. Además, Nicanor García ha elevado la unión autonómica a cuotas muy importantes. CSI-F es la primera fuerza en la función pública en la Junta de Castilla y León y tenemos que seguir siendo mayoritaria, gracias a que contamos con cerca de 14.000 afiliados. Los objetivos para los próximos dos años son que los recortes nos afecten lo menos posible y tratar de recuperar lo que los políticos han quitado a los empleados públicos.

¿No llega en el mejor momento para ejercer un cargo de esa responsabilidad?

Los sindicalistas nunca llegamos en el mejor momento. Es cierto que he vivido mejores momentos en el sindicalismo pero cada año y cada mes es un reto y hay barreras que superar. Sin duda, estamos viviendo el peor momento para la función pública y para el empleado público.

¿Cómo está hoy la función pública?

La sanidad está muy en precario, con mucho personal interino despedido mientras que a los trabajadores fijos les obligaron a jubilarse. La reducción importante de empleados en la sanidad está afectando a los servicios que recibe la ciudadanía. Todo empleado público tiene que hacer, ahora, el doble de trabajo en la mitad de tiempo. Esto provoca que el funcionario esté muy saturado y descontento con la situación. La educación también vive un mal momento porque no salen plazas de maestros y profesores. Las plantillas están en precario. Tampoco hay ofertas públicas de empleos en los juzgados. En general, no hay tasa de reposición, ni siquiera en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por ejemplo, la Policía Local de Valladolid cuenta con 42 plazas que deberían cubrirse. A día de hoy, hay casi 400.000 empleados públicos menos en la administración que en 2008.

¿El principal problema de la función pública es el ajuste de plantilla?

El brutal ajuste de plantilla es un grave problema, sobre todo en sanidad. Y es donde más lo percibe el ciudadano.

¿Es necesario elaborar un estudio detallado para conocer las necesidades de personal en las diferentes administraciones?

Eso es fundamental. Hay que hacer un plan de racionalización de las plantillas pero no hablo de la modificación de la ley de administraciones locales que solo tiene criterios economicistas, puesto que el personal laboral puede acabar privatizado. Esto puede ser un peligroso precedente porque habrá un empleo muy precario, con sueldos inferiores para los laborales.

¿Cree que algunos departamentos de la administración cuentan con una plantilla sobredimensionada mientras que hay otras áreas que están saturadas de trabajo?

De ahí, la necesidad de hacer una racionalización de todos los servicios, sobre todo después de que las jubilaciones no se hayan sustituido. Tal y como esta situación ahora, creo que ahora no sobra nadie en la administración porque ha habido unos recortes de plantilla muy importantes. Bien es cierto que es un tema organizativo interno de cada administración y cada departamento.

A este paso, ¿quién va a atender a los ciudadanos en los servicios públicos básicos?

Espero que con el fin de la crisis vuelva el sentido común y vuelvan a contratar más médicos porque el gran perjudicado es el ciudadano. Tengo que decir que el funcionario trabaja bien y por encima de sus posibilidades para cumplir con ese fin público.

¿Es posible prestar el mismo servicio con menos plantilla, como son los casos de sanidad y educación?

Es imposible. No es igual dar clase a 20 niños que a 40, porque el profesor tiene que estar pendiente de todos. El material didáctico también se ha recortado en todos los niveles.

¿El empeoramiento de los servicios públicos puede provocar que el ciudadano comience a valorar el trabajo del funcionario que, en ocasiones, ha sido el blanco de las críticas?

La palabra funcionario tiene un arquetipo que el ciudadano entiende como un señor de oficina de 8 a 3, de la época de 'vuelva usted mañana'. El empleado público es el que cuida de tu salud, da educación a tus hijos, que vela por tu seguridad o que te rescata de un incendio, pero también el que limpia tus calles o mantiene los jardines de la ciudad. Incluso, las personas que están en oficinas prestan un labor administrativa importante y hablamos de personal altamente preparado. Espero que el ciudadano se de cuenta de que el funcionario está al servicio del ciudadano.

¿Hasta cuándo la congelación del salario del personal público?

Estamos congelados desde hace demasiado tiempo. La imposición, porque no se puede hablar de negociación, durará, en principio, hasta 2015. Los empleados públicos han estado con un aumento del 2 por ciento mucho tiempo cuando el IPC estaba por encima del 3 o del 4. Eso supone una pérdida de poder adquisitivo, que podemos cifrar en un 40 por ciento, si se hubiera aplicado la actualización del IPC como en la empresa privada. Además, hay que huir de la idea de que el funcionario tiene buenos sueldos. Un auxiliar administrativo de la Junta llega, difícilmente, a los mil euros.

Al menos este año, van a recuperar la paga extraordinaria de Navidad.

Bueno, recuperar. Al aprobar mi oposición, las bases recogían que tenía 12 pagas más de dos extras. Eso está casi en contrato. No es que se recupere, es que no te quitan esa extraordinaria. Además, estamos esperando al fallo del Tribunal Constitucional para ver si ha sido legal pero el derecho a cobrar los 44 días se está ganando en muchas provincias. CSI-F lo ha llevado a los tribunales y lo ganado en Palencia y Sevilla, entre otros. Celebro que la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, haya dicho que va a negociar con los sindicatos para la devolución de esa parte proporcional.

¿Hay fecha fijada para la reunión de los sindicatos UGT, CCOO y CSI-F con Del Olmo?

Aún no. Nuestra estrategia, a la hora de acudir a los tribunales, era ver 'cómo respiraban' los jueces en las diferentes demandas. Ahora, viendo que hay fallos que nos dan la razón es el momento de sentarse a negociar. De esta manera, se ahorrará tiempo y dinero para sindicatos y administraciones en lugar de acudir a los tribunales.

¿Habrá dinero para pagar esas extraordinarias o la parte proporcional, una vez que ya están perfilados los presupuestos?

La consejera ha comentado que no dispone de los 55 millones de euros para toda esa paga pero la parte social entiende la situación y quiere llegar a un acuerdo.

¿Por qué el político siempre ha recortado, primero, del funcionariado?

Por que es al que tiene más cerca. Es lo más fácil, en lugar de recortar de otras partidas e inversiones.

El ministro Cristóbal Montoro ha anunciado la devolución de uno de los tres moscosos que retiró con la crisis. ¿Se trata de un gesto de buena voluntad?

El disfrute de los días moscosos se remonta a la década de los 80 y fue una decisión del Gobierno para compensar la importante subida del IPC que la administración no pudo aplicar en los sueldos de los funcionarios. El tema es que la devolución debe afectar a los tres días porque es una parte del salario. Me parece muy escaso un solo día y espero que, al final, recuperemos todas las jornadas.

¿Ha servido de algo la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas?

Puede haber servido para algún caso concreto como en sanidad. En la administración local y regional, creo que no servido para nada. Solo para que el empleado público madrugue un poco más o prolongue su jornada laboral. En Policía Local, se siguen haciendo las mismas horas extra. Fue una decisión que se vendió para ahorrar y no es así.

¿Ha impedido la contratación de nuevo personal?

En el Ayuntamiento y la Junta, no. Solo en sanidad ha motivado el despido de bastantes trabajadores laborales e interinos, al ampliar los turnos.

Ante los escándalos que hay en los sindicatos mayoritarios, ¿defiende el recorte de las ayudas públicas a sindicatos, partidos políticos y asociaciones patronales?

CSI-F es un sindicato que paga sus facturas con las cuotas de sus afiliados, además de prestar los servicios necesarios. Siempre hemos defendido la reducción de las ayudas públicas. No son entendibles las prebendas de UGT y CCOO. Nosotros pagamos el alquiler de nuestros locales, a diferencia de los mayoritarios que cuentan con patrimonio sindical. Juegan con más privilegios que el resto.

¿A qué se debe el paso que ha dado CSI-F para tener mayor presencia en la empresa privada?

El sindicato tiene un peso importante en la función pública pero uno de los objetivos, que estamos cumpliendo en muchas provincias, es ser generalista y contar con representación en la empresa privada. En Avila, somos mayoritarios mientras que el 50 por ciento de los delegados en Valladolid es del sector privado, además estamos creciendo en otras provincias como León.

¿Tiene que cambiar mucho la labor de un sindicato, de cara a sus afiliados?

El sindicato, y en concreto CSI-F, ha cambiado mucho y ha dado muchas vueltas sobre sí mismo. Creo que además de la parte más sindical como la negociación de un convenio y la lucha por los derechos, es fundamental prestar servicios para que el afiliado encuentre un lugar para ser atendido. Pero, sobre todo, la asesoría jurídica es clave. Estoy luchando para que cada delegación provincial cuente con un departamento jurídico fuerte. Creo que es el pilar más importante para un sindicato.

¿Por qué tiene tan mala imagen el liberado sindical?

Por que no va a su puesto de trabajo pero está haciendo otra labor de apoyo a sus compañeros. Es una figura que se critica mucho pero después los propios trabajadores preguntan al liberado sobre sus asuntos.

¿Hay que recuperar e impulsar las mesas de diálogo?

Totalmente. Tienen que ser mesas de diálogo por que yo, ahora, las llamo de información. Los representantes sindicales acuden a esas reuniones para conocer los planes de la administración, sin que exista una negociación.

¿Son una solución las huelgas?

Las huelgas que se hicieron al Gobierno de Aznar fueron parte de una solución. Las últimas, tal y como está la situación, tampoco han valido para mucho. Hay una cosa cierta: tampoco puedes quedarte callado. No soy partidario de hacer huelgas porque, además, el trabajador sale perjudicado.

¿De qué forma puede influir la reforma local que impulsa el Gobierno y la Ley de Ordenación Territorial, que ha aprobado la Junta, en el ajuste de plantillas del empleo público?

Con la reforma local, mucho del personal público laboral se vería abocado a pasar a la empresa privada con la privatización de muchos servicios que ahora prestan los municipios. Calculamos que alrededor de 200.000 personas podían verse afectado por esta ley, que no entendemos ni compartimos. El Gobierno tiene que negociar esta reestructuración. Creo que lo aprobado por la Junta es mucho más razonable.

¿En qué va quedar la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que se presentó en julio la vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría?

Hasta el momento, lo único que sabemos es que unas 400.000 personas que tenían un empleo público lo han perdido.