Los mayores que dejen la residencia perderán la ayuda de la dependencia

Ical
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Consecuencias. La consejera de Familia, Milagros Marcos, advierte a las familias de la retirada de la prestación económica si abandonan el centro de mayores

Milagros Marcos recibió el título de Peregrina de Honor de Aspaym, que realizará esta semana el Camino de Santiago con un grupo de 35 personas con discapacidad. - Foto: Ical

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, recordó ayer que las personas mayores que abandonen las residencias para ser atendidos por sus familiares perderán la ayuda del Sistema de Atención a la Dependencia. Reconoció que el impulso de los servicios profesionales en el domicilio y la creación de nuevas plazas residenciales reducen la ocupación de estos centros. No obstante, la consejera desvinculó de la crisis el aumento de las vacantes, que de media entre el sector privado y el concertado, suponen un 12 por ciento.
 
Marcos aclaró que precisamente su departamento inició un cambio de modelo con la apuesta por los servicios profesionales, frente a los cuidados familiares, ya que un 22,5 por ciento de las plazas se encontraban vacías en las residencias. Remarcó que actualmente ese porcentaje se ha reducido al 19 por ciento gracias a proyectos como los centros multiservicios o el programa ‘En mi casa’ para hacer más atractivos los centros residenciales para los mayores.
 
Todo ello -dijo la consejera- será un «revulsivo» para el sector que garantizará el mantenimiento del empleo. Además, Marcos indicó que la relación entre plazas en residencias y personas mayores de 65 años es del siete por ciento en la Comunidad, frente al cinco que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta situación contribuye en su opinión a que exista un exceso de plazas, si bien matizó que las dependientes de la Junta están todas ocupadas.
 
Entidades y privadas. Es decir, Milagros Marcos remarcó que las vacantes se encuentran principalmente en los centros dependientes de entidades locales y en las residencias privadas, que no están concertadas con la administración autonómica. La consejera de Familia explicó que la Junta de Castilla y León ha fijado en un acuerdo con el sector el coste de una plaza que oscila entre los 1.100 y los 1.500 euros, que se cubren con la capacidad económica del usuario y una ayuda de la Junta. Sin embargo, señaló que algunos centros «estrictamente privados» no se ajustan a estos precios y pueden tener dificultades para incrementar la ocupación.
 
Finalmente, la consejera recuerda a las familias que decidan sacar a sus mayores de las residencias para sumar la pensión a sus ingresos, que los usuarios perderán la ayuda de la dependencia.
 
Precisamente, el pasado lunes, Diego Juez, presidente de la Federación Regional de Residencias de la Tercera Edad (Acalerte), achacaba el 19 por ciento de plazas libres en las residencias privadas a que muchas familias se hayan visto obligadas a sacar a sus mayores de los centros para poder acceder a su pensión. 
 
Este colectivo, que aglutina a 152 centros y más de 10.000 plazas, constata que ya no hay lista de espera y que cada vez es más complicado cubrir una plaza libre.
 
No obstante, Juez también reconoce que han afectado «los recortes, el ahorro del gasto farmacéutico y el recorte del 25 por ciento de las plazas concertadas».