La limitación del número de procuradores en las Cortes autonómicas y la restricción de este cargo político a dos legislaturas son sólo dos de las 35 propuestas planteadas por el PP para regenerar la política en la Comunidad. Son las más llamativas por su impacto y por la posición totalmente divergente con el resto de formaciones. Pero entre las 33 iniciativas restantes hay margen para que en el próximo Pleno se pueda alcanzar un acuerdo de mínimos y dejar las materias más delicadas para una negociación a través de grupos de trabajo. 

 

Junto a la proposición no de ley del Grupo Popular que presentó el lunes su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, se debatirá otra del PSOE en este mismo sentido presentada por su portavoz, Ana Redondo y el secretario autonómico, de los socialistas, Luis Tudanca, el pasado 7 de noviembre. En ella se recogen un total de 80 medidas, el doble que las socialistas, pero más de la mitad de ellas exceden las competencias regionales y se dirigen a pedir cambios al Gobierno de España. Son las relativas a la declaración de Valencia del PSOE con medidas contra la corrupción, del 5 de noviembre, y al manifiesto de jueces y fiscales en favor de la regeneración política del día 6.

 

Coincidencias. Entre ambos textos hay coincidencia en una decena de puntos con redacción prácticamente igual y al menos en una quincena de los planteamientos expuestos por el Partido Popular serían compartidos sin mayores problemas por los grupos de la oposición, aunque no estén recogidos tal cual en su proposición no de ley. Por ejemplo, en las medidas ligadas al suelo de gasto social, que IU y PSOE han defendido en los últimos años, la protección a las familias en el Estatuto de Autonomía, la obligación por ley de realizar un debate electoral, o incluir aspectos relativos a la participación ciudadana y acceso a la información en la máxima ley autonómica. 

 

Precisamente en este aspecto del fomento de la participación sería en el que más coincidirían los dos grandes partidos en sus propuestas con iniciativas ligadas  a la creación de una Oficina del Ciudadano (los populares plantean que dependa de cada grupo y los socialistas la dan rango institucional), regular el acceso a la información o la limitación del aforamiento. 

 

De hecho, en el seno del PSOE consideran que se tratan de iniciativas propias, pues fueron los primeros en plantearlas, de las que se adueña el Grupo Popular para hacerlas suyas. 

 

La limitación del número de procuradores sin embargo parece un obstáculo, de momento, insalvable. El líder autonómico de los socialistas, Luis Tudanca, ha puesto pie en pared al señalar que por ahí no pasa. El resto de fuerzas con representación también lo rechazan y los que tienen aspiración a entrar, es el caso de Podemos, la oposición es frontal. El secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, aseguró que esta reforma sólo persigue «estrechar» la representación de los ciudadanos de Castilla y León

 

La voluntad de ambos partidos es continuar la actividad parlamentaria hasta finales de legislatura, aunque la proximidad de las elecciones (mayo de 2015) y el cese de la actividad parlamentaria en marzo dificultarán el desarrollo de algunos de los acuerdos que requieran reforma del Estatuto de Autonomía  o incluso del reglamento de las Cortes. No obstante, las negociaciones permitirían acelerar las reformas al inicio de la próxima legislatura.