El interventor de la Diputación de León, Jesús López Sánchez, imputado por el juez Velasco en la Operación Púnica, tiene otra causa abierta en el juzgado de instrucción número 2 de la capital leonesa y se encuentra imputado desde enero pasado por los delitos de apropiación indebida, estafa o fraude, según ha podido saber este diario. Se sospecha López Sánchez se quedó presuntamente con algo más de 41.000 euros que debían ser abonados a unos empresarios de la hostelería por la manutención de un millar de escolares en la Semana Blanca de 2009, unos cursos de esquí subvencionados por la propia Diputación que se organizaron en la estación invernal de San Isidro.

El pasado 11 de marzo, la juez Carmen Santos tomó declaración como imputado a López Sánchez, conocido como ‘Suso’, al que achaca la comisión de tres posibles delitos por unos hechos que se remontan a 2009 y que llevan cinco años de juzgado en juzgado, en un tortuoso y complejo periplo. El caso actualmente se encuentra en fase de instrucción y hay decretado secreto de sumario sobre le mismo.

En 2009, los denunciantes, propietarios entonces de la empresa Hosteleón Vending, S.L., tenían la concesión del Hotel Pico Agujas -en la estación de esquí de San Isidro- propiedad de la Diputación. Ese año firmaron un contrato con la empresa de viajes Marsans para dar la manutención (desayuno, comida, merienda y cena) a los escolares que acudirían durante diez semanas consecutivas, en grupos de un centenar, a la llamada Semana Blanca, cursos de esquí para estudiantes organizados y subvencionados por la Diputación de León. Marsans, que había ganado el concurso público correspondiente, se comprometía a pagar 61 euros más IVA a la semana por cada estudiante a Hosteleón Vending.

 

Quinta semana. La mayorista de viajes pagó religiosamente las facturas de las cuatro primeras semanas pero, a partir de la quinta, Hosteleón Vending no volvió a recibir un sólo céntimo. La explicación ofrecida por Marsans, vía correo electrónico, fue que «los servicios que usted reclama ya han sido abonados  a D. Manuel Jesús López Sánchez. Con fecha 2 de octubre se remitió  burofax a la citada persona, el cual ha manifestado que procederá a abonarle el importe reclamado, previa emisión por su parte de la correspondiente factura». Es decir, Marsans -que tenía un contrato firmado con Hosteleón Vending- había decidido abonar esas cantidades a un tercero en lugar de hacerlo directamente a la empresa que prestaba el servicio.

 

La rocambolesca explicación de Marsans se sustentaba en un hecho controvertido que salió a la luz pública durante aquellas fechas; López Sánchez, viceinterventor de la Diputación por entonces, tenía firmado un contrato con Marsans para alojar a los estudiantes de la ‘Semana blanca’  en unos apartamentos de su propiedad, los Apartamentos Turísticos Toneo. Es decir, la Diputación contrataba de forma indirecta con su  viceinterventor, si bien nunca se derivó ninguna acción penal por esos hechos.

 

Según los denunciantes, ‘Suso’ jamás pagó y se quedó íntegramente con los  41.120,10 euros que Marsans le había entregado para, a su vez, abonárselos a Hosteleón Vending.

 

Por eso, con el objetivo de recuperar el dinero, los propietarios de la empresa iniciaron entonces acciones legales contra Marsans. Y ganaron; primero en el juzgado de Primera Instancia número 6 de León y después en la Audiencia Provincial mediante sentencia firme con fecha de 3 de octubre de 2011. Sin embargo, en ese intervalo de tiempo Marsans entró en concurso de acreedores y los demandantes no recibieron el dinero.

 

Fue entonces, en junio de 2011, cuando los propietarios de Hosteleón Vending decidieron denunciar a López Sánchez en los juzgados de Cistierna, los que corresponden por proximidad geográfica a la estación de esquí de  San Isidro, por los delitos de apropiación indebida, estafa, fraude y  negociación prohibida a funcionario público. La juez que cogió el caso decidió inhibirse en favor de los juzgados de León, donde llegó la causa en febrero de 2012 a manos de la titular del juzgado de instrucción número dos, Carmen Santos.

 

«Cosa juzgada». Esta magistrada decidió hasta en dos ocasiones -la última el 9 de abril de 2013- el «sobreseimiento libre y archivo» de la denuncia contra el interventor de la Diputación de León. La juez entendía que estaba ante «cosa juzgada». Sin embargo, la sección tercera de la Audiencia Provincial le enmendó la plana y le ordenó reabrir el caso mediante un auto dictado once meses más tarde, a finales de ese mismo año.

 

En ese escrito los magistrados aseguraban que si bien López Sánchez, como funcionario público, no incurrió en los delitos de cohecho y prevaricación, sí podía «en su exclusiva esfera personal» haber cometido «una supuesta conducta y proceder delictivo de apropiación indebida, estafa o fraude».

Este diario se ha puesto en contacto con los representantes legales de Jesús López Sánchez que han preferido guardar silencio y no pronunciarse sobre sobre este asunto.