El pleno de las Cortes aprobó hoy, por unanimidad y en lectura única, el proyecto de ley que modifica la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León para homologar los cuerpos de prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales con los cuerpos de policía local, que afecta a 800 profesionales y supone un coste de 1,2 millones.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentó el proyecto de ley que modifica la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León y explicó que el objetivo es homologar los cuerpos de prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales con los cuerpos de policía local.

Suárez-Quiñones, que detalló ante el pleno este cambio normativo y agradeció el apoyo de los grupos, explicó que tendrá un plazo de dos años para que las entidades locales completen la homologación y recordó que el 90 por ciento de los afectados pertenece a la escala más baja.

David Castaño (Ciudadanos) lamentó que el consejero deje como “asignatura pendiente” una ley del fuego, que “no ha querido tocar, y ese es su suspenso”. Carlos Chávez (Podemos) consideró que la norma es insuficiente porque no va a paliar el modelo actual de bomberos, para lo que pidió un cuerpo público.

En nombre del Grupo Socialista, José Luis Aceves criticó que este cambio llega con un retraso de once años en la aplicación de la ley, añadió que a este ritmo se tardarían 90 años en completar la norma y reclamó ayudas de la Junta para sus mejoras así como un estatuto del bombero profesional.

Por último, la procuradora del PP Isabel Blanco defendió la implicación de su grupo con el cuerpo afectado, manifestó que corresponde a la Junta la regulación sin interferir en las competencias locales y calificó de “importante y necesaria” la nueva norma.