Urbanismo declarará definitivamente la ruina económica de la casa cuartel de Puente Colgante pero obligará a la Junta, propietaria del inmueble, a su rehabilitación. Así lo confirmó ayer la concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, durante una reunión de su área, al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Javier Izquierdo.
En concreto, la edil informó al PSOE de que el Ayuntamiento de Valladolid atenderá la petición de la Consejería de Fomento, pero matizó que el informe realizado por los técnicos municipales descarta el derribo del inmueble, a pesar de que este es un tipo de declaración de ruina que solo se establece cuando el valor de las reparaciones de un edificio superan el valor real del mismo.
En concreto, Urbanismo ordenará a la Administración regional ejecutar los trabajos de rehabilitación necesarios para subsanar las «graves deficiencias» detectadas en elementos como las ventanas, bajantes y cubiertas. Unos trabajos cuyo coste puede oscilar, según distintos informes elaborados por la Guardia Civil y la propia Junta, entre un millón y medio y hasta seis millones de euros.
Esta ruina económica también supondrá, según distintas fuentes consultadas por El Día de Valladolid, que finalice automáticamente la cesión que la Junta de Castilla y León había realizado al Ministerio del Interior para su uso de este inmueble como casa cuartel de la Guardia Civil.
Esto implica, por un lado, que los guardias que siguen viviendo allí (apenas media docena) se van a tener que ir porque el edificio va a dejar de ser del Instituto Armado. Y, por otro, que la Junta deberá ahora decidir qué uso dará a estas instalaciones. Entre las opciones que se barajan está la de afrontar la rehabilitación del mismo para incorporar el bloque al parque de vivienda oficial, o venderlo a algún promotor que se haga cargo de las obras y luego pueda poner estas viviendas en el mercado avaladas con algún tipo de protección oficial.
Se pone así fin a un culebrón que comenzó el pasado mes de febrero, cuando la Guardia Civil ordenó un primer desalojo de las viviendas a sus adjudicatarios, alegando que el edificio se hallaba en estado de ruina y que, incluso, había «riesgo de derrumbe». Una orden que después se anuló por un recurso de la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) y se decidió esperar a la decisión municipal, que, tal y como ha podido saber este periódico, se aprobará en los próximos días y en el sentido ya expuesto.
En concreto, el informe recibirá el visto buena en la próxima Junta de Gobierno, o a más tardar en la del siguiente viernes, porque la concejal ayer todavía no había firmado el informe.
Desalojo. Esta decisión municipal obligará a que la media docena de familias de guardias civiles, que todavía permanecían en el inmueble, lo deban abandonar de forma inminente. De hecho, la Dirección General de la Guardia Civil ya había enviado a las 24 inquilinos que tenían asignado uno de los pisos del bloque una orden de desalojo y la mayoría los ha ido abandonando.
Además, las dos unidades operativas que la propia Comandancia de Valladolid tenía allí ya se han trasladado: el Puesto de Valladolid se ha instalado en un edificio de Zaratán y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), en el acuartelamiento de San Isidro.
Críticas PSOE. Cristina Vidal declinó realizar a este periódico cualquier valoración sobre este asunto. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Javier Izquierdo, censuró «los flagrantes incumplimientos de la legalidad» que, a su juicio, se han cometido en un inmueble de titularidad pública: «Ni se ha conservado en condiciones adecuadas, ni ha pasado la Inspección Técnica de Edificios». El socialista también critica la actitud «pasiva» del Ayuntamiento que ha «pecado de falta de vigilancia y dejadez en este caso, cuando al resto de los ciudadanos se les exige el estricto cumplimiento de la legislación». Eso sí, se muestra satisfecho con la posibilidad de que la Junta lo rehabilite o venda para que se pueda ofertar viviendas con algún tipo de protección.