Hoy ha entrado en vigor, con su publicación en el BOE, el decreto ley por el que el Gobierno decidió ayer poner fin al cobro de la doble comisión por parte de los bancos a los ciudadanos por la retirada de efectivo en cajeros automáticos que no pertenezcan a su red.
«Era necesario actuar con carácter de urgencia para solucionar este problema» explicó el ministro de Economía y Competitividad, que reconoció la existencia en los últimos meses de cierta «incertidumbre legal» sobre quién podía repercutir o no estas tasas.
De este modo, Luis de Guindos quiso poner fin a esta situación y lo hizo con un decreto por el que el Ejecutivo establece cuatro principios básicos. En primer lugar, los dueños de las terminales no pueden cobrar cantidad fija ni comisión a los clientes de otros bancos cuando utilicen sus cajeros; las entidades sí pueden exigir ese coste a la empresa emisora de la tarjeta de crédito que a su vez puede cobrar, o no, esta prima a su impositor, pero en ningún caso podrá hacerlo por encima de lo que ella haya pagado. Y por último, se establecen una serie de mecanismos para asegurar que el modelo garantice la necesaria transparencia y en el cual se preserva la competencia empresarial.
«Ya no es posible la doble comisión como ocurría hasta ahora. Se minimizará el coste para el usuario y las comisiones van a ser más reducidas que las que tenemos actualmente», sostuvo De Guindos, añadiendo que «es preciso tener en cuenta que en España hay más de 55.000 terminales que hacen de media unas 18.000 operaciones al año, es decir, más de 900 millones de transacciones en total».
El responsable de Economía avanzó, además, que las pantallas deberán informar a los usuarios, antes de que retiren el efectivo, de la comisión que van a cobrar a su propio banco y que, en cualquier caso, será la máxima que se puede repercutir por sacar ese dinero.
El traslado de ese recargo dependerá de lo que el cliente haya negociado con su entidad financiera, aunque, De Guindos se mostró «convencido de que habrá corporaciones que dirán que no van a grabar nada a sus clientes, y ahí entra la competencia».
Según recoge hoy el BOE, las entidades tienen de plazo hasta el 1 de enero de 2016 para adaptarse a esta nueva normativa de obligado cumplimiento en el país.
Las entidades de crédito deberán informar al Banco de España de las comisiones que cobrarán por la retirada de efectivo y, por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) deberá elevar un informe anual al Ministerio de Economía y Competitividad sobre los acuerdos y decisiones en relación a las cantidades a repercutir.
MEDIDA EFECTIVA. En este contexto, la Caixa comunicó ayer su decisión de adaptarse, sin demora alguna, a la nueva normativa aprobada ayer por el Ejecutivo y anunció que desde hoy suspende el cobro de dos euros a las personas que, no siendo clientes suyos, utilicen sus terminales para extraer cantidades en efectivo. Así, sus cajeros automáticos mostrarán un mensaje en el que se podrá leer que la extracción de dinero no tiene una comisión directa.