Puente ha recalcado que la actuación policial "parte de una interpretación" con la que el equipo de Gobierno no está de acuerdo, motivo por el cual ha explicado que se ha enviado una instrucción a la Policía Municipal, basada en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del año 2013 en la que se defiende que en el caso de pegadas de carteles debe prevalecer la libertad de expresión. Esa instrucción, según Puente, explica la interpretación del artículo 5 de la ordenanza ciudadana en vigor, aprobada en su día por el Partido Popular, y también de la normativa recién aprobada por el equipo de Gobierno y que tendrá valor dentro de aproximadamente un mes y medio. Esa ordenanza, señala el alcalde y según la tesis del TSJCyL prohíbe actuaciones con "publicidad política o comercial" que "destruyan o deterioren" bienes municipales o de terceros, pero no entra en el ámbito de prohibición cualquier "forma de expresión política, vecinal, ideológica o social".