Un nuevo revés judicial para el equipo de Gobierno de Simancas. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ordenado al Ayuntamiento de la localidad el derribo de la Casa del Atrio al considerar ilegal la licencia urbanística concedida por el equipo de Gobierno en el año 2008. Esta supone la tercera sentencia en contra por este asunto contra el equipo de Gobierno del Partido Popular, que ahora está obligado a cumplir la sentencia al ser firme la sentencia.
El TSJ de Castilla y Leon ordena al Ayuntamiento a adoptar, «sin dilación», las medidas necesarias para restaurar la legalidad vigente en la llamada ‘Casa del Atrio’ con demolición de las obras indebidamente ejecutadas. Esta sentencia representa que los vecinos que residen en el inmueble se verán notablemente afectados.
La ilegalidad reside en el tejado del edificio, ya que no tiene una inclinación al menos del 35 por ciento y, sin embargo, es prácticamente plana. Ahora, el Consistorio tendrá que derribar la parte ilegal de las cubiertas para recuperar la legalidad del edificio.
El concejal de UPyD en Simancas Pedro Bardisa manifestó que se trata de una «clara negligencia de quien dio paso a una licencia que ha sido anulada por el TSJ y que implicará costes para el Ayuntamiento y vecinos. Exigimos que se depuren responsabilidades y se repercuta el coste a quien autorizó esta construcción ilegal».
El edil apuntó que el próximo día 6 de noviembre en el Pleno ordinario se van a pedir responsabilidades al equipo de Gobierno, ya que fue el encargado, con el alcalde, Miguel F. Rodríguez, a la cabeza, de conceder la licencia de obras para la edificación del edificio una vez que la Asociación de Vecinos de Simancas ya había avisado de su ilegalidad.
Tras este nuevo apercibimiento judicial, los concejales de UPyD en Simancas esperan que el alcalde y su equipo de Gobierno cumplan «sin dilación e impedimento alguno a la sentencia, asuman su responsabilidad y no echen balones fuera, como viene siendo la tónica habitual, culpando a terceros de la situación y embarcando a este Ayuntamiento en una serie de apelaciones con nuevas sentencias desfavorables y que engrosan las arcas de nuestros abogados mientras las municipales quedan algo más debilitadas».
Y es que la sentencia recoge que el Ayuntamiento debe ordenar «las medidas necesarias con demolición de las obras indebidamente ejecutadas, para que la cubierta no tenga el carácter de plana». «La negativa expresa o implícita a cumplir la resolución judicial constituye un atentado a la constitución frente a la que no caben excusas».
Por su parte, el regidor de la localidad manifestó que los técnicos municipales ya estaban trabajando desde el momento de conocer la sentencia para respetar la legalidad y cumplir la sentencia. «Lo están valorando y creemos que la sentencia solo afecta a una única vivienda». El regidor recordó que la licencia de obras concedida para la construcción del edificio contó con el visto bueno del Servicio Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, pero que posteriormente «no se presentó en el juicio».
Además, el alcalde manifestó que estudian la colocación de una nueva estructura para dotar de mayor inclinación a la cubierta de la vivienda. «Solo hay que poner un capirote hacia arriba». Una situación que contrasta con el posicionamiento de los concejales de UPyD, que consideran que solo se puede restablecer la legalidad edificando hacia abajo y nunca hacia arriba. «No se puede levantar más el edificio», apuntó Bardisa.