La Justicia española sufrió ayer de nuevo una bofetada de Alemania, después de que la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein decidiera extraditar a España al expresidente catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por rebelión, como se solicitaba. El tribunal indicó asimismo que no percibe inconvenientes o impedimentos a la extradición, aunque no apunta fechas concretas ni un período en el que se deba llevar a cabo esta operación, un proceso que deberá ejecutar la Fiscalía.

Además, decidió que el líder independentista no entre en prisión preventiva, desoyendo la petición del Ministerio Público, puesto que «siempre» ha cumplido con las obligaciones derivadas de su estado actual de libertad bajo fianza.

La corte indicó en un comunicado que considera «no admisible» extraditar al dirigente soberanista por rebelión, como había solicitado el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo español, reiterando los argumentos que ya había expuesto previamente, en los que apuntaba que no se produjo el grado de violencia «suficiente». Tampoco admite el delito de perturbación del orden público, que planteó también la Justicia española en el caso de que no se admitiese finalmente el delito de rebelión.