La obligación por primera vez para las pedanías de rendir cuentas para evitar su disolución está provocando más de un quebradero de cabeza. El problema parte de que la nueva ley no expecifica dónde tienen que presentarse los datos y se limita a un genérico «ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma», que se interpretó inicialmente con hacerlo ante el Consejo y el Tribunal de Cuentas. Pero ahora Hacienda ha expecificado que también tienen que presentar la liquidación al propio Ministerio, trámite que algunos no han cumplido. 

De ahí la diferencia de datos que existen. Mientras que en el departamento que dirige Cristóbal Montoro dicen que en Castilla y León han rendido cuentas un 92,11 por ciento de las entiedades menores que equivalen a 2.048 de las 2.224; los datos del Consejo de Cuentas de Castilla y León hablan de una tasa de cumplimiento del 97,1 por ciento, lo que representa 2.159 juntas vecinales. Suponen 111 pedanías que estarían en el ‘limbo’. 

No obstante, la disposición del Ministerio, trasladada a las entidades locales menores a través de sus asociaciones, es la de salvar al mayor número posible al ver la buena disposición mostrada a cumplir con esta nueva obligación y cómo se han puesto las pilas para mantenerse como figura administrativa.

Por esta razón, el plazo para que rindan cuentas sigue abierto para que las que no han presentado la documentación ante el Ministerio de Hacienda lo hagan por la vía de alegaciones y así eviten en incurrir en esa causa de disolución que pendía sobre ellos como espada de Damocles. 

Desde la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España, en la que forman parte la mayoría de entidades locales menores de Castilla y León se «agradece la disposición del Ministerio de atender a las situaciones excepcionales para permitir que se justifique el cumplimiento de la obligación legal de rendición de cuentas con margen suficiente para acreditar el mismo», indica en un comunicado. 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas recordó ayer que en febrero abrió un procedimiento comunicando a las entidades que aún faltaban por presentar sus cuentas de que tenían más tiempo para cumplir, lo que elevó diez puntos el nivel de respuesta de media en España.

En este tiempo, en Castilla y León se han presentado las cuentas de 59 entidades locales menores más ante el Consejo regional hasta alcanzar las 2.159. 

«La voluntad del Ministerio es mantener las entidades locales menores, salvo que se perciba una clara voluntad de no rendir cuentas por parte de alguna de ellas o de incapacidad de hacerlo», explicó el portavoz de la federación autonómica, Carlos González-Antón.

Por otro lado, la Federación de Concejos planteó a la secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro, la necesidad de una reunión de trabajo con la FEMP y el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local para mejorar el borrador de reglamento de este cuerpo de funcionarios en su regulación de la prestación de estas funciones en las entidades locales menores. El objetivo que pretenden es «asegurar el adecuado funcionamiento de las entidades locales y que puedan cumplir sus obligaciones y prestar sus servicios de forma legal y eficiente», recuerda su portavo Carlos González-Antón. 

Por otra parte, en la última reunión del del Consejo de Cuentas y los grupos mayoritarios en las Cortes -PP y PSOE- resaltaron hoy la «movilización» institucional y el cierre de filas en la Comunidad en defensa de la pervivencia de las entidades locales menores como un hecho diferencial y singular de Castilla y León, para fijar su población y prestar servicios municipales a sus vecinos, por lo que no se se habría entendido su supresión como en un principio recogió la ley Montoro.