El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez celebró ayer un Consejo de Ministros en el que aprobó un real decreto ley con medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, que incluye la posibilidad de jubilación obligatoria para quienes tengan derecho al 100% de la pensión, la derogación del contrato de apoyo a emprendedores y del complemento salarial.
El Ministerio de Trabajo destacó que con la introducción de esta norma, debatida y acordada por unanimidad con los interlocutores sociales en la Mesa de Diálogo Social por el Empleo, se responde a la demanda de acciones inmediatas para reducir el desempleo juvenil.
En este contexto, el Ejecutivo dio luz verde a un incremento de 1,6% las pensiones y un 3% las mínimas y no contributivas para el próximo año, tal y como se establecía en el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno y Unidos Podemos. Una subida que supondrá a las arcas públicas 2.591 millones más en esta partida. Sánchez dejó claro que el alza del 1,6% será seis décimas por encima de las previsiones del IPC establecidas para 2019.
«Habrá ganancia de poder adquisitivo frente a años de merma constante por el sistema anterior de cálculo», apostilló el presidente, tras afirmar que las pensiones «son un derecho y no una mercancía con la que hacer negocio».
Subir las mínimas y no contributivas tendrá un coste de 384 millones, mientras que el alza del resto de los subsidios conforme el IPC previsto para el año se destinarán 704 millones de euros.
En este contexto, el Gobierno autorizó un conjunto de medidas que se alinean con el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, aprobado el pasado 7 de diciembre, porque favorecerá el rejuvenecimiento de las plantillas con nuevas contrataciones o mediante transformaciones de temporales en indefinidos.
El real decreto ley, que incluye también la prórroga de manera indefinida del subsidio extraordinario por desempleo (SED) de más de 400 euros para los parados sin prestaciones hasta que se cuente con un modelo nuevo, también reduce el número mínimo de jornadas requeridas para acceder a las ayudas por desempleo o renta agraria en el régimen de trabajadores temporeros, pasando de 35 a 20 jornadas, para paliar las dificultades de su acreditación para tener derecho a la protección como consecuencia de las lluvias torrenciales ocurridas el pasado mes de octubre en las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga.
La nueva norma incluye, asimismo, la derogación del complemento salarial de 430 euros para los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil con un contrato para la formación y el aprendizaje, debido a la «escasa eficacia» que ha tenido durante su período de aplicación.
El decreto ley también incorpora la derogación expresa de las medidas contractuales e incentivos a la contratación vinculadas a una tasa de paro superior al 15%, toda vez que en el tercer trimestre de este año el índice se redujo al 14,55% de acuerdo con la última Encuesta de Población Activa (EPA).
En este sentido, se derogan el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, la posibilidad de celebrar acuerdos de formación y aprendizaje con personas de entre 25 y 30 años y las primas a tiempo parcial con vinculación informativa, así como la negociación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos, las ayudas para nuevos proyectos de emprendimiento, al primer empleo e incentivos a los trabajadores que estén en período de prácticas.
En cuanto al Salario Mínimo, el decreto incorpora normas para evitar que el incremento del 22,3% a partir del 1 de enero 2019, hasta los 900 euros, afecte a conceptos no salariales incluidos en normas no estatales, convenios colectivos o contratos privados.