La Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña dio luz verde ayer el proyecto Visc+ de venta de datos sanitarios, pese a la oposición del Parlament, e incorporó la posibilidad de que los centros de investigación que reciban datos de pacientes catalanes puedan subcontratar a terceras empresas y entidades para su gestión.

El departamento recalcó que la iniciativa «facilitará las grandes cantidades de datos que se generan continuamente en el sistema de salud regional a todos los agentes que intervienen en él o tienen capacidad para mejorar la salud de la población», a través de actuaciones de evaluación y de investigación.

El proyecto aprobado especifica que «se anonimizará toda la información incluida en los ficheros que contienen datos personales de la Conselleria, del CatSalut y del ICS», con el objetivo de facilitarlos a centros asistenciales y de investigación. «En el caso de que se detecte que se puede reidentificar la información de los afectados como resultado del análisis de una combinación de datos concreta», se informará a las autoridades para que puedan tomarse las medidas pertinentes, destaca el texto.

La Autoridad Catalana de Protección de Datos (ACPD) «tiene constancia» de los entresijos legales del proyecto aprobado, recoge el proyecto, que también especifica que la cesión de información personal a terceros debe contar con el consentimiento previo de los afectados. «La cesión de datos identificables comporta que el cesionario se hace responsable de los ficheros con las obligaciones que establece la normativa», añade, y puntualiza que las partes se comprometen a guardar estricta confidencialidad sobre los datos.

Asimismo, precisa que el proyecto Visc+ se financiará «a partir de las transferencias ordinarias que hace la Conselleria a la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias (Aquas)» y que un «control de seguimiento de carácter paritario» se encargará de vigilar su funcionamiento con reuniones trimestrales.

Máxima seguridad. El departamento regional de Sanidad sienta con esto las bases jurídicas para la anonimización de los datos sanitarios de los pacientes catalanes.

«Independientemente del proyecto Visc+, era necesario aprobar una resolución que sentara las bases jurídicas para la cesión de datos», determinó el director de Aquas, Josep Maria Argimon, aunque defendió que Salud sigue trabajando en este programa para potenciar la investigación.

«En el caso de que se detecte que se puede reidentificar la información de los afectados como resultado del análisis de una combinación de datos concreta», el centro deberá informar de inmediato con el fin de que puedan tomarse las medidas pertinentes. «La cesión de datos identificables comporta que el cesionario se hace responsable de los ficheros con las obligaciones que establece la normativa», apostilló.