El ‘tasazo’ del ministro Gallardón no está consiguiendo el objetivo pretendido de reducir el atasco que sufre la mayoría de juzgados de España y que tiene en los de Valladolid uno de sus más claros exponentes. Los datos que arrojan los primeros seis meses con esas nuevas tasas judiciales desvelan que la litigiosidad en la provincia vallisoletana sigue aumentando en todas las jurisdicciones, hasta llegar a los 21.947 casos con los que se cerró el primer semestre del año 2013, un 6,6% más que en el mismo periodo de 2012.
La única excepción a esto es la bajada del 21% que experimenta la contencioso-administrativa, la vía a la que acuden ciudadanos, organizaciones, empresas... para litigar contra las distintas entidades públicas.
Además de aligerar el atasco del ámbito Contencioso, la subida de las tasas también está logrando acabar con una gran parte de los recursos que se formulaban bien ante la Audiencia Provincial o bien ante los tribunales superiores (TSJ, Supremo o Constitucional). Esto es debido, según las diversas fuentes judiciales consultadas por este diario, al precio que puso la nueva ley y que hacía que una persona que quisiese acudir en segunda instancia a un tribunal superior tuviese que abonar un mínimo de 800 euros que, luego, ganasen o no el recurso, no iban a recuperar.
Y esto tiene su reflejo más claro en lo que está ocurriendo con las secciones civiles y penales de la Audiencia Provincial, en donde se están registrando descensos de más del 15% y que está logrando que hasta el global de ingreso de asuntos -la suma de los juicios y los recursos- esté descendiendo; en concreto, en las dos secciones civiles se anota una bajada del 13,7 por ciento, mientras que en las dos penales, se queda en el 10,7%.
En opinión del presidente de la Audiencia, Feliciano Trebolle, «las tasas han influido mucho en el descenso de los recursos», así como en esa caída del 21% en las demandas que se presentan en la vía contencioso-administrativa, pero no ha conseguido paliar la «insoportable carga de trabajo que sufren los jueces vallisoletanos en el resto de jurisdicciones». Para Trebolle resulta «sorprendente» que incluso haya aumentado el registro de casos en los juzgados de Primera Instancia, pues «esta ley, además de en la contenciosa, incidía en la jurisdicción civil». Otras fuentes aportan una posible explicación a esta situación y es que «muchas de esas demandas civiles las presentan empresas que reclaman deudas, compañías con abogados en plantilla y que no pueden dejar de acudir a los tribunales».
El ‘tasazo’ entró en vigor en los últimos días de 2012, aunque en febrero se suavizó -por ejemplo, gravando solo los recursos y no solo las demandas del ámbito contencioso- atendiendo así las sugerencias que hizo el Defensor del Pueblo.
Los datos hablan de un ligera subida del número de asuntos que se ingresaron en los juzgados de Primera Instancia durante el primer semestre de este año -son los últimos datos recogidos por el CGPJ(Consejo General del Poder Judicial)- y que subieron un 6,3%, arrastrando a un incremento del 3,4% en la litigiosidad del conjunto de la jurisdicción civil.
También aumentó en un 6,6% el ingreso de casos en el ámbito penal, provocado, sobre todo, por una nueva subida del 10% en el volumen de asuntos que reciben los seis juzgados de Instrucción
Y donde el ‘tasazo’ sí que no ha tenido nada que hacer es en los juzgados de lo Social. «Ahí se va a seguir aumentando el número de demandas por la problemática que tenemos en el ámbito laboral», admitió Trebolle. En concreto, en lo que va de año ha subido ya en un 29,8%.