El juzgado de Primera Instancia número 8 de Valladolid ha condenado a la aseguradora BTA Insurance a devolver 2,3 millones de euros a 89 cooperativistas de la Ciudad de la Juventud en la localidad de Fuensaldaña. Este montante económico viene motivado por el dinero que los casi 90 adjudicatarios habían adelantado hasta el año 2012 para sufragar el coste de las obras de sus respectivas viviendas. La entrega de las viviendas estaba prevista para el mes de diciembre de 2012 y como los chalés carecían de licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento, estos adjudicarios decidieron renunciar a la compra y reclamaron ese dinero que ya habían pagado.  

Ante esta circunstancia, este grupo de 89 cooperativistas decidió pedir su dinero a la entidad aseguradora, algo que no fue tan fácil porque la respuesta fue negativa. BTA contaba con un seguro para todos los propietarios, pero no de forma individual, sino colectivamente y se escudó en esta circunstancia para negar el pago de las cantidades.

La sentencia del Juzgado de Instrucción manifiesta que «al  tratarse  de  un  seguro colectivo,  el  comprador  adquiere  su  condición  de  asegurado por el hecho de contratar con la promotora vendedora, no pudiendo afectarle  los  posibles  incumplimientos  de  esta  para  con  la aseguradora, y menos aún la pasividad de la aseguradora», según un comunicado del  despacho vallisoletano Muro & Asociados, desde donde se ha llevado el caso.

La Sentencia puede ser recurrida en el plazo de 20 días si bien, en caso de recurso, los socios cooperativistas beneficiados por el fallo podrán solicitar al Juzgado la ejecución provisional de la resolución y, de este modo, concluir la travesía iniciada hace más de diez años cuando se adhirieron las viviendas de la promoción.

Pero no todos los cooperativas se echaron atrás una vez que comenzaron los retrasos y no se consiguió la licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento, sino que otro grupo continuó adelante en la adquisición de los chalés en Fuensaldaña.

 De esta forma, según pudo saber este periódico,  ya se han entregado más de 50 viviendas a sus respectivos propietarios una vez resuelto el problema de acceso a la segunda planta que no cumplía con el Código Técnico de Edificación y obtenida la licencia.