La Audiencia Provincial de Valladolid notificará a las partes este lunes, 30 de junio, la sentencia del juicio de las 'Comfort Letter' firmadas por el exalcalde del PP, Francisco Javier León de la Riva. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia comunicará la sentencia este lunes a las 13.00 horas, menos de un mes después de la celebración del juicio, que se desarrolló los días 3, 4 y 5 de julio. 

Javier León de la Riva se enfrentaba, de acuerdo con la petición de penas de la Fiscalía, a un total de nueve años de prisión y 33 de inhabilitación por las tres cartas de conformidad suscritas en 2008, 2010 y 2011, todas con naturaleza de aval y la última de ellas que comprometía al Ayuntamiento a aportar 100 millones de euros, el 25% del crédito de 400 que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) cerró con un grupo de bancos para financiar la operación del soterramiento. 

Al ex primer edil, a quien, junto con la pena de cárcel y su inhabilitación, la acusación pública interesaba una multa de 7.200 euros y la responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Códido Penal, se le imputaban tres delitos de prevaricación y otros tantos de falsedad documental, mientras que a sus excompañeros de bancada, el exconcejal de Hacienda, Alfredo Blanco, y al exedil de Movilidad, Manuel Sánchez, la Fiscalía de Valladolid pedía para cada uno de ellos 24 años de inhabilitación, en su condición de entonces integrantes del Consejo de Administración de la SVAV, como autores de tres delitos de prevaricación pasiva o por omisión. 

Por su parte, el Ayuntamiento, personado como acusación particular, solicitaba para León de la Riva una pena de tres años de cárcel y nueve de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación administrativa, así como siete de inhabilitación para Blanco y Sánchez por delito de prevaricación pasiva o por omisión. 

Las defensas, por un lado de León de la Riva y Manuel Sánchez, y, por otro, de Alfredo Blanco, solicitaban la libre absolución de sus representados. 

En su declaración en el juicio el exalcalde 'popular' defendió en varias ocasiones que en los años 2008, 2010 y 2011 desconocía la naturaleza de las 'comfort letter' así como su "transcendencia" económica. De hecho, ha reconocido que no era "consciente" del alcance del documento y que no consultó a nadie en el Ayuntamiento y nadie le advirtió de las consecuencias.