Tal y como estaba previsto, el Parlamento catalán aprobó ayer por la tarde la nueva normativa de consultas no refrendarias y de participación ciudadana, conocida como ley de consultas, con el voto de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, CUP y el diputado no adscrito Joan Ignasi Elena. En total, 106 apoyos, lo que supone más de dos tercios de la Cámara. El bloque soberanista considera que esta norma es el marco legal necesario para dar vía libre al referéndum secesionista del próximo 9 de noviembre, algo que no comparte el resto de grupos del arco parlamentario: PSC, que, sin embargo, apoyó la ley; y PP y C’s, que la rechazaron.
A la espera de que el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publique el texto para que entre en vigor, que será como muy tarde el lunes, y de que el president, Artur Mas, que salió entre vítores del Parlament, firme el decreto de convocatoria, el Gobierno central ya advirtió de que la legislación no contempla la votación secesionista, porque «las reglas son las que son». En esta línea, lo más probable es que inmediatamente después de que el president convoque el referéndum, tenga lugar un Consejo de Ministros extraordinario para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) tanto el precepto que recibió ayer la luz verde como el decreto de convocatoria.
La ley se aprobó tras un largo recorrido que arrancó en febrero de 2013 cuando, en una de las primeras acciones parlamentarias de la legislatura, CiU, ERC, PSC y CUP acordaron abrir una ponencia conjunta para redactar esta nueva norma, en la que ya se trabajaba en la anterior legislatura pero que decayó con el adelanto electoral. se trata, además, de la segunda normativa sobre consultas que aprueba el Parlament: la primera es de 2010, en el último mandato del segundo tripartito presidido por José Montilla (PSC). Aquel marco jurídico regulaba las consultas refrendarias, especificando que se necesitaba el aval del Estado para materializarlas, aunque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) la recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC).
POSTURAS CONTRARIAS. Antes de la votación y aprobación del precepto, la Cámara autonómica vivió un debate en el que quedaron reflejadas las distintas posturas del Parlament. Así, según el diputado Josep Rull (CiU), el texto permitirá a los catalanes disponer «de las mejores herramientas para que la nación pueda decidir», aunque remarcó que no es una ley hecha ad hoc para el 9-N. Para Gemma Calvet, de ERC, la norma es totalmente constitucional, por lo que instó al Gobierno de Rajoy a no recurrirla ante la Justicia. En la misma línea, el diputado de la CUP Quim Arrufat alertó de que habrá quienes «fracturarán lo que haga falta» antes de dejar que los catalanes voten.
Ferran Pedret (PSC) defendió el sí de su partido porque los socialistas consideran que es una buena herramienta para promover la participación ciudadana. Una idea que no comparte el PP, cuyo portavoz adjunto, Santi Rodríguez, lanzó un mensaje al grupo progresista en su intervención: «Hágannos caso. Déjense de puñetas y voten que no, porque será un sí a la democracia».
Por su parte, el líder de C’s, Albert Rivera, instó al president, Artur Mas, a asumir que no tiene competencias para la consulta del 9-N y definió el texto aprobado como «un golpe al Estatut y a la Constitución». «Es un día de preocupación en Europa», resaltó.