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Inmigración

Sin tratamiento para el brazo, por ilegal

Óscar Fraile - lunes, 28 de mayo de 2012
Tito Fernando Ángel Bastidas está en situación irregular en España y se ha quedado sin tarjeta sanitaria. - Foto: J. Rivas
El ecuatoriano Tito Fernando Ángel Bastidas es uno de los inmigrantes ilegales que se ha quedado sin asistencia sanitaria primaria por la retirada de la tarjeta sanitaria

Cinco de febrero de 2007. El inmigrante ecuatoriano Tito Fernando Ángel Bastidas comienza a «trabajar» en una empresa avícola de Valladolid. Lleva cuatro años en Madrid en situación irregular y el empresario le promete que su nueva situación laboral, más las gestiones que él haga, le ayudará a conseguir los papeles. Fernando, confiado, acepta la propuesta. Meses después, cuando se encontraba limpiando una máquina de tratamiento de las heces de las gallinas con el motor apagado, la mala suerte hizo que una racha de viento moviese una puerta que, a su vez, activó el mecanismo. Casi sin darse cuenta, y en apenas un instante, una cinta transportadora le atrapó y le destrozó el brazo.

En ese momento comenzó su calvario. El empresario, por miedo a las consecuencias que pudiera acarrear tener en su plantilla a un inmigrante ilegal y sin contrato, aseguró cuando llevó a Fernando al hospital, según la versión de este ciudadano ecuatoriano, que se trataba de un accidente doméstico. «Después me ofreció 1.500 euros para taparme la boca», recuerda.

No obstante, y aconsejado por un abogado, Fernando decidió denunciar para reclamar la indemnización que le correspondía. Fuentes jurídicas de UGT consultadas por este periódico aseguran que un trabajador, aunque esté en situación ilegal y sin contrato, tiene derecho a indemnización por accidente y por invalidez por el principio de automaticidad, y siempre que se haya demostrado que hay una relación laboral.

Con orden de expulsión. Fernando, sobre el que pesa una orden de expulsión, no pudo hacerlo y perdió el juicio el año pasado. Una sentencia en la que fue vital el alta de ingreso en el hospital, según él. El caso es que desde entonces, gracias a su tarjeta sanitaria, pudo recibir tratamiento periódico en el brazo dentro del proceso de recuperación. Hoy en día, cuando han pasado más de cinco años, todavía necesita hacer algunas revisiones, pero desde febrero no puede hacerlas.

Hace tres meses que su tarjeta sanitaria caducó y se le negó la solicitud de renovación. De modo que Fernando se encuentra en la misma situación a la que se tendrán que enfrentar miles de inmigrantes ilegales que a partir del 31 de agosto perderán el derecho a la atención primaria como consecuencia de los recortes del Gobierno en materia de Sanidad. A pesar del tiempo transcurrido, las dos placas de platino y los 80 tornillos que Fernando tiene en el brazo suelen provocar dolores. Unas molestias que desde hace algunas semanas solo pueden ser atendidas en el servicio de Urgencias.

«Límites humanitarios». «Es una decisión que me parece muy mal porque hay miles de personas, aunque estén en una situación ilegal, que necesitan una asistencia regular», se queja Fernando, que opina que «hay ciertos límites humanitarios que no se deberían rebasar». Esta decisión del Ejecutivo, que busca «garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones», no esperará a que caduquen las tarjetas sanitarias (que pueden tener una duración máxima de dos años) de los conocidos como ‘sin papeles’, sino que dejarán de ser válidas el 31 de agosto.

Pero Fernando no se rinde. Dice que no tiene intención de irse de España, donde vive junto a su mujer y dos hijos y donde vino «en busca de un futuro mejor». Lo seguirá buscando.

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