Las Cortes alumbraron, con el consenso de PP, PSOE y Podemos, la abstención de Cs y en contra del Mixto (IU y UPL), la ley por la que se crea la conferencia de alcaldes y presidentes de Diputación de Castilla y León como un foro de encuentro al más alto nivel entre la Junta, que ostentará la presidencia de la misma, y las entidades locales para tratar «asuntos de Comunidad». Será similar a la conferencia de presidentes que existe en España.

El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, desgranó el contenido del proyecto de ley y expresó la voluntad de celebrar su sesión constitutiva en el primer trimestre de 2019. Además, la nueva norma regula el estatuto de los concejales, que entrará en vigor tras las próximas elecciones municipales, el acceso a la información y a las sesiones de plenos.

El proyecto de ley, que ha cambiado el propio nombre de la norma por acuerdo de los grupos para denominarse bajo la neutra fórmula de ‘Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación’, llegó al plenario con 61 enmiendas vivas de las 119 que fueron registradas, de las que 37 fueron transaccionadas. De ese bloque pendiente, ninguna se aceptó por parte del PP, con duras criticas de Juan José Sanz Vitorio a Ciudadanos y a UPL.

Sin embargo, fruto de la negociación, PP y PSOE presentaron una transacción por la que los presidentes de los consejos comarcales podrán asistir con voz pero sin voto, contar con un representante a propuesta de la FRMP y tener voz y voto en asuntos de la conferencia que les atañan.

La socialista Gloria Acevedo, que se mostró «muy orgullosa de que las Cortes abran por primera vez el lenguaje inclusivo en las leyes, defendió 16 enmiendas, entre ellas que haya un representante de la Federación de Entidades Menores de Castilla y León o que la conferencia se reúna dos veces al año, en vez de una. «No es nuestra ley, pero en favor del consenso, vamos a votar a favor», anunció.

De Podemos se debatieron otras 24 enmiendas, presentadas por la viceportavoz, Natalia del Barrio, donde figuran el modelo comarcal que defiende este grupo o la transparencia que recomienda en la ley el Consejo Consultivo, que no prosperaron, aunque la ponente avanzó el voto a favor por «responsabilidad y sentido común».