El Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid, que investiga la presunta «trama» de empresas familiares del exjefe de Mantenimiento del Ayuntamiento para beneficiarse de contratos municipal, deberá aclarar si se han destruido pruebas relacionadas con el caso.

La jueza ya tiene en su poder las declaraciones que realizaron dos funcionarios del servicio municipal de Mantenimiento sobre esta posible eliminación de documentos. Los agentes del Grupo de Delincuencia Económica les tomaron declaración en agosto, después de que la directora del departamento de Patrimonio les alertara sobre las irregularidades que uno ellos le había comunicado.

En las diligencias, ese funcionario relata como el antiguo encargado de mantenimiento, ya jubilado, acudió en numerosas ocasiones durante ese mes al centro de mantenimiento del Ayuntamiento, en la calle Las Eras, donde se citaba con su sustituta. Este trabajador narra a la Policía como supuestamente ambos, a última hora de la jornada, se dedicaban a destruir documentación y la acumulaban en numerosas bolsas de basura. Su testimonio apunta que, además, de la máquina destructora de documentación del servicio municipal también utilizaron otra adicional externa.

El empleado, que no fue testigo directo de estas acciones, aseguró a la Policía que su fuente era una compañera del servicio. Además, según su relato, otros dos trabajadores del centro de mantenimiento podrían haber colaborado en la destrucción de pruebas.

Este trabajador también aportó información a los agentes sobre el caso Samaniego.  En el documento en poder de la jueza figura que él mismo comunicó de forma verbal a la máxima responsable del área ,y a los sindicatos UGT y CGT, que el exjefe de Mantenimiento adjudicaba «sistemáticamente» los contratos a las mismas empresas y más situaciones anómalas.

En las diligencias también aparece la declaración de la trabajadora que presuntamente presenció la destrucción de pruebas. Pero en su declaración a la Policía negó las informaciones de su compañero, y aseguró que no había observado ninguna conducta extraña en el centro.

En el documento aparecen también los datos de los cuatros funcionarios presuntamente implicados en la destrucción de pruebas, aunque no se les tomó declaración.

Por otro lado, la directora del departamento de Patrimonio del Ayuntamiento deberá declarar ante la jueza por este caso el próximo 20 de noviembre. Antes, el día 6 declarará el interventor y el día 19 el secretario general.