La Junta de Castilla y León busca la fórmula para evitar que las entidades financieras se beneficien de los tipos reducidos que aplica la Comunidad sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a colectivos como los jóvenes, las familias numerosas, las personas con discapacidad, la vivienda protegida o las empresas que crean centros de trabajo. En la sesión de control al Ejecutivo del pleno de las Cortes, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, aseguró que la Junta aborda esta cuestión después de que el Real Decreto del Gobierno que pretende que el impuesto lo paguen los bancos y no los clientes que firman hipotecas. Aseguró que esta legislación, “de aplicación directa”, genera estos problemas debido a las bonificaciones y tipos reducidos que tenía Castilla y León. La consejera respondió a la pregunta del procurador de Podemos Félix Díez quien reclamó a la Junta que legisle para que los bancos devuelvan 3.000 euros de media a las familias hipotecadas de Castilla y León, después de que el Tribunal Supremo corrigiera una sentencia firme, que reconocía a su juicio la retroactividad. Por ello, instó al Ejecutivo a elevar al Gobierno de Pedro Sánchez esta demanda.

Del Olmo tachó de “demagogia barata y pura” la actuación del parlamentario de la formación 'morada' y criticó su “ignorancia absoluta” por desconoce qué materias puede regular el Gobierno de la Comunidad. Explicó que el sujeto pasivo de este impuesto fue modificado por el Gobierno y que la Comunidad, que dijo no ha recibido información, solo puede gestionar y recaudar.