Lo llevaba en su programa electoral y, tres años después, el Gobierno lo cumplió: la prisión permanente revisable quedó aprobada ayer por el Pleno del Congreso con los votos de la mayoría absoluta del PP - y el apoyo del único diputado de UPN- frente a las fuertes críticas del resto de la oposición.

La medida forma parte de la reforma del Código Penal que llevaba un año estancada en la Cámara Baja y que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se comprometió a agilizar en su comparecencia monográfica sobre medidas anticorrupción del pasado 27 de noviembre. Esta pena máxima únicamente se aplicará para casos de gravedad extrema: genocidio, asesinatos en serie, crímenes contra menores de 16 años o personas especialmente vulnerables, actos mortales cometidos por una organización criminal o el asesinato del Rey, su Heredero o un Jefe de Estado. De esta manera, el nuevo texto jurídico sigue la senda de otros países europeos que ya recogen la aplicación de este castigo.

Los populares rechazaron que esta medida sea una cadena perpetua en la práctica ya que, según explicaron, la ley prevé que las penas sean revisadas, tras el cumplimiento de 25 a 35 años, según el caso. Si existe un pronóstico favorable a la reinserción social, los jueces examinarán cada dos años, bien de oficio o bien a petición del preso, si debe mantenerse o no al recluso en la cárcel.

Según el diputado del PP Leopoldo Barreda, no solo el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado han avalado la reforma del Código Penal, sino que es «la propia sociedad la que exige que no sea igual matar a uno que a 20».

Sin embargo, la oposición al completo criticó la pena de prisión permanente revisable, que califican de «cadena perpetua» encubierta. De esta manera, a juicio del diputado socialista Julio Villanueva «es totalmente incompatible» con la reinserción del preso. Gaspar Llamazares, de IU, fue más allá al asegurar que el PP quiere que los condenados «se pudran» en la cárcel.

OTRAS MEDIDAS. El nuevo Código Penal, que tendrá que ser debatido ahora en el Senado, introduce, además de la prisión permanente revisable, medidas para combatir la corrupción política. De esta manera, por ejemplo, establece penas de cárcel para los dirigentes de partidos políticos que acepten donaciones ilegales superiores al medio millón de euros. Además, dificulta l acceso la libertad condicional a los corruptos que no hayan reparado el daño causado.

 Por otra parte, se mantiene la idea de fijar el consentimiento sexual en 16 años y se aumenta la persecución del maltrato, abandono y explotación sexual de animales.

Asimismo, el texto mantiene, en contra del criterio de la oposición, el delito de coacción a la huelga que estará castigado con penas de multa y no de cárcel.

La reforma del Código Penal amplía, además, la extensión de los delitos contra la autoridad para conceder una especial protección a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias que socorra en un siniestro, así como a ciudadanos que les presten auxilio.