El pasado dos de enero se cumplieron cinco años de la entrada en vigor de la polémica ley antitabaco promulgada por el ejecutivo de Rodríguez Zapatero que, en líneas generales, prohibía encender un cigarrillo en cualquier espacio cerrado. Una normativa que cambió drásticamente la forma en la que muchos castellano y leoneses disfrutaban de su ocio al verse relegados a salir a la calle para fumar de forma legal. La ley, que venía a completar la embestida del gobierno socialista contra el consumo de tabaco iniciada en 2006, absorbió de un golpe todo el humo que históricamente se había asociado al interior de los bares y salas de fiesta en beneficio de la salud pública. Esta norma, la Ley 42/2010, de 30 de diciembre de 2010, levantó un arduo debate social entre los fumadores y no fumadores a los que se unieron los hosteleros puestos en pie de guerra después de las reformas llevadas a cabo cuatro años antes para adaptarse a la anterior legislación, y que se fueron a fondo perdido una vez completada la prohibición. Un cerco que se ratifica con las cifras del Comisionado para el Mercado delTabaco que reflejan que desde 2010 en Castilla y León se han dejado de consumir 78 millones de cajetillas al año, llegando hasta las 114.671.808 compradas hasta el 30 de noviembre de 2015. Unas cifras que confirman la apuesta de la región por acabar con los ‘malos humos’ derivados del tabaco y su consumo en espacios cerrados.  

Para velar por el cumplimiento de esta medida, que tumbaba las costumbres establecidas en España durante décadas, se dispusieron una serie de inspecciones en los locales para evitar el consumo de tabaco en su interior. Desde su entrada en vigor y hasta el segundo semestre de 2015, los nueve servicios territoriales de Sanidad de la Junta realizaron 30.201 inspecciones en establecimientos hosteleros, supermercados, gasolineras, centros de enseñanza, polideportivos, etcétera, de las que 1.276 terminaron en sanción, en su mayoría por fumar en el interior de los locales, lo que supone casi una sanción diaria durante los cinco años que lleva en vigor la normativa. En total, solo el 4 por ciento de las comprobaciones de Sanidad acarreó una sanción administrativa. 

Por su parte, la vicepresidenta y portavoz de la Junta, Rosa Valdeón, salió esta semana en defensa del trabajo de los inspectores de Sanidad que «vigilan el cumplimiento» de la ley. «Se ponen denuncias en la Comunidad y existen sanciones, lo que indica que están llevando a cabo su trabajo», sostuvo. Sin embargo, analizando los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, la presión de la administración contra los ‘fumadores ilegales’ se ha visto mermada en estos cinco años, pasando de las 9.194 inspecciones que se llevaron a cabo en 2011, a las 5.732 de 2014, o a las 2.300 que se efectuaron entre enero y junio de 2015. Una reducción cercana al 50 por ciento en los controles de los trabajadores de Sanidad que no se ha traducido en una drástica merma del número de sanciones. De esta forma, mientras que en 2011 se contabilizaron 246 sanciones, el volumen de multas creció en 2012 y 2013, con 328 y 320 respectivamente, a pesar de que las inspecciones se redujeron un 30 por ciento en ambos cursos. Por su parte, 2014 se saldó con 189 sanciones, un 40 por ciento menos que el año anterior; mientras que 2015 continúa una evolución similar, con 93 sanciones en el primer semestre. 

Por provincias, Valladolid y Burgos acapararon el 48 por ciento de las inspecciones realizadas, con 8.681 y 6.066 visitas en cada caso. Un liderazgo que también mantienen ambas provincias en materia de sanciones, donde con 379 y 144 cada una, se llevaron el 40 por ciento de todas las multas impuestas desde el 2 de enero de 2011. 

Por sectores, la hostelería, con 10.539 inspecciones; los polideportivos, salas recreativas, o kioskos, con 4.048; y las máquinas expendedoras de tabaco, con 4.030; centraron la vigilancia por parte de las autoridades sanitarias de la Comunidad.

 

Caída en las ventas. Un lustro en el que la venta de paquetes de tabaco ha sufrido un fuerte retroceso, asfixiada por la fiscalidad y la prohibición de fumar en cualquier recinto cerrado, que ha llevado a los consumidores castellano y leoneses a dejar de comprar más de 80 millones de cajetillas -con 20 cigarrillos cada una- al año desde diciembre de 2010, un 32 por ciento menos. Según datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos, en total, los fumadores de la región han pasado de consumir 192.731.509 millones de cajetillas en 2010, a los 114.671.808 millones ‘quemadas’ hasta el 30 de noviembre de 2015. 

Una caída que, a pesar del incremento del precio y la presión fiscal, también se ha sentido en los ingresos, donde la facturación se ha rebajado 113 millones de euros en comparación con 2010, cerrando 2015 con 509 millones de euros de caja. Al mismo tiempo, dado que el 80 por ciento del precio final del paquete de tabaco son gravámenes -es el producto que más impuestos especiales soporta en España-, este ha mermado su aportación a través de las tasas derivadas de su venta a las diferentes administraciones, que se ha visto compensando, según el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, con una reducción de la factura sanitaria relacionada con las enfermedades tabáquicas.

Por provincias, Valladolid y León continúan siendo las ‘más fumadoras’, acaparando entre ambas casi el 40 por ciento de las cajetillas vendidas este año, con 23,155 y 23,114 millones de cajetillas vendidas respectivamente. 

De forma inversa, otros productos relacionados con el hábito de fumar como los puros, picada de liar y picada para pipa han experimentado un significativo repunte a pesar de la prohibición de consumir tabaco en los locales. Solo en Castilla y León la venta de picada para pipa ha disparado sus ventas desde 2011 un 129 por ciento hasta los 27.406 kilos; la picada para liar ha repuntado un 43,5 por ciento hasta los 253.056 kilos; mientras que los puros han elevado su distribución un 30,2 por ciento hasta los 159,7 millones de unidades vendidas desde enero hasta noviembre de 2015. 

 

Tabaco de contrabando. Desde la Asociación Empresarial del Tabaco (Adelta) denuncian que la Ley Antitabaco ha producido un trasvase del comercio legal al ilegal, con un repunte en las cajetillas de contrabando que, según su Director General, Juan Páramo, ha pasado del 4,7 al 10,5 por ciento desde 2008. «La reducción a la mitad en las ventas de cigarrillos no se corresponde con una disminución del consumo de tabaco según los datos de las autoridades sanitarias», alerta, y mantiene que esto viene provocado por el «cambio en los hábitos del consumidor» que las diferentes legislaciones en materia tabáquica han propiciado. Al mismo tiempo, Páramo apunta hacia las «abruptas» subidas de impuestos y la crisis económica como los otros dos grandes causantes del desmoronamiento en las ventas de cajetillas.