Los trabajadores de Lauki ganan tiempo. Cuatro meses. La negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la factoría de envasado de leche vallisoletana terminó ayer con la firma de un acuerdo en el que la multinacional francesa Lactalis aceptaba retrasar el posible cierre de la planta hasta el 30 de septiembre y abría la puerta a la negociación de su venta a otra empresa o grupo para mantener la actividad y los empleos.
Después de una dura negociación, a última hora de la tarde de ayer se alcanzó un principio de acuerdo que posteriormente se ratificó en el servicio regional de mediación laboral, Serla, por el cual se aceptaban las condiciones del Plan Social que acompañaba al ERE pero se posponía su aplicación hasta el 30 de septiembre mientras el grupo agroalimentario francés estudia las ofertas que hay sobre la mesa para la compra de la factoría.
Durante estos cuatro meses más, la producción en la fábrica de Lauki se mantendrá como hasta ahora, según explicaron a este periódico fuentes que han intervenido directamente en las negociaciones con Lactalis, y los empleados tendrán sus correspondientes vacaciones.
Si se llega a esa fecha del 30 de septiembre sin la venta materializada, se aplicará el Plan Social firmado ayer por el cual Lactalis ofrece recolocaciones a los 85 trabajadores en los centros de producción que tienen repartidos por España y abre un periodo de bajas incentivadas con indemnizaciones equivalentes a un despido improcedente, 45 días por año trabajado.
Los sindicatos que han participado en la negociación con los representantes de Lactalis mostraron ayer su satisfacción sobre el acuerdo alcanzado pues se abre una puerta al mantenimiento de la planta y los 85 empleos, aunque no ocultan que el camino para lograrlo no estará exento de dificultades. No obstante, un avance sobre lo que tenían hasta ahora y era una posición cerrada a cualquier alternativa que no fuera la del cierre.
Para conseguirlo ha sido clave primero la posición de los empleados, pero también el respaldo sindical, social y político manifestado durante dos meses y medio desde que el 10 de marzo se anunció la intención de cierre con fecha 30 de junio. Durante este tiempo los sindicatos CCOO y UGT han llegado hasta Bruselas para reunirse con europarlamentarios españoles y mantener incluso un encuentro con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. En el plano político, al propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, acudió a la sede central de Lactalis en París. Y aunque en un principio todo parecía en vano, al final se ha abierto una alternativa.
Ahora es el turno de la Fundación Anclaje, en la que participan tanto los sindicatos como la Junta de Castilla y León, que desde el comienzo de la ‘crisis de Lauki’ se ha encargado de la coordinación y la búsqueda de alternativas para lograr el mantenimiento de la fábrica.
La vicepresidenta y consejera de Empleo de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, insistía ayer por la tarde en el mensaje de que que Lactalis, propietaria de Lauki, «no tiene razones» para clausurar su sede de Valladolid porque «es una empresa rentable», pero manifestó que su actitud «sigue siendo cerrada» puesto que «no es sensible a ninguno de los planteamientos que se le han hecho, y han sido muchos y favorables».
Apoyo político. Valdeón recordó que el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, «se desplazó para hablar con los responsables de la multinacional para convencerles de la viabilidad» de la fábrica vallisoletana, si bien no dio sus frutos. Igualmente, agradeció al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que tenga «la misma predisposición» pero aseguró que las medidas propuestas desde el Consistorio vallisoletano «no van a hacer que Lactalis cambie en su decisión».
«La empresa en este caso no tiene interés en ofertar y eso dificulta todo, porque cuando dos se sientan a negociar, tienen que quererlo ambas», señaló Valdeón, quien en todo caso manifestó que «la Junta está trabajando como se ha pedido desde los sindicatos, en la Fundación Anclaje» y explicó que el Gobierno regional «protegerá a los trabajadores» y exigirá, en los casos donde no se realicen recolocaciones en el resto del territorio nacional, «bajas incentivadas como protección de esos trabajadores que se queden en la calle».