La sentencia, que ya es firme, es fruto del procedimiento tramitado por los Servicios Jurídicos de la Asociación 'El Defensor del Paciente' en representación de los padres de la niña fallecida, S.R.D. y A.E.R, según informaron a Europa Press fuentes del colectivo. Esta última, cuando contaba con 35 años, acudió el 5 de septiembre de 2014 para la inducción al parto de su hija en el Hospital Clínico Universitario. A.E.R estaba calificada como de alto riesgo al concurrir en ella dos factores, diabetes gestacional (factor de riesgo anteparto) e inducción del parto (factor intraparto). La falta de monitorización continua produjo que no se detectaran las señales de alarma que forzosamente tenía que estar dando y que de haber tenido el registro se hubieran controlado. Si hubiera estado monitorizada se hubieran podido detectar el estado de su hija y se habría podido actuar en consecuencia, realizando una cesárea y evitando la asfixia de la niña.