Los empresarios de San Cristóbal siempre han utilizado los aparcamientos como termómetro de la actividad del polígono. Antes de la crisis, estacionar era una tarea complicada; y cuando empezaron las dificultades, los sitios para dejar el coche sobraban. Ahora San Cristóbal vuelve a recuperar el pulso, hasta el punto de que de nuevo se registrar atascos en hora punta, a la entrada y la salida. Es una buena noticia, pero también un problema a solucionar.

Más allá de las molestias que genera a los trabajadores todos los días, existe un problema de seguridad, ya que, por ejemplo, entre las 8.00 y las 9.30 horas se acumulan los coches en el acceso desde la VA-30, por la carretera de Segovia, de tal modo que se colapsa el carril de entrada hasta que los coches tienen que quedarse parados en mitad de la carretera, con el peligro que esto supone. «Cada vez hay más actividad, más coches y el problema empeora», explica el gerente de la Asociación de Empresarios de San Cristóbal, José Ferrández Otaño. Según los datos del Ministerio de Fomento, por esa carretera pasan todos los días unos 20.400 coches, aunque no todos se desvían hacia el polígono.

El problema se repite a la salida, entre las 13.30 y las 15.00 horas, con los vehículos que quieren acceder desde el polígono a la avenida de Soria. Después de tomar la salida desde la VA-30 llegan a una rotonda, que es la que da acceso a la carretera de Soria. El problema en ese caso es la cantidad de coches que vienen desde Tudela y Peñafiel en dirección a Valladolid. Como tienen preferencia y no hay ningún semáforo, se forma una gran cola de coches que esperan para incorporarse a la rontoda.

Precisamente un informe de la asociación Automovilistas Europeos Asociados señalaba este punto como el más peligroso de España, por la concentración de accidentes que registra. Después de su publicación, el Ministerio de Fomento no tardó en reaccionar y redactó un proyecto para la construcción de un carril segregado que permitirá a estos conductores acceder directamente a la carretera de Soria (A-11) sin pasar por esa rotonda. El proyecto está redactado, pero todavía hay que dotarlo de presupuesto y sacarlo a licitación.

Responsables de la Asociación se han reunido varias veces con el concejal de Movilidad del Ayuntamiento, Luis Vélez, quien les ha trasladado que el equipo de Gobierno no puede hacer nada en esas vías, toda vez que son de titularidad estatal.

Lo que los empresarios proponen es instalar un semáforo en la rotonda de acceso a la A-11, en la salida del polígono, para que no acumulen coches cediendo el paso. Respecto a la entrada por la VA-30, consideran que un nuevo carril solucionaría el problema. En la actualidad hay uno que se convierte en dos unos metros más adelante. Lo que plantean es que haya dos al principio que luego se conviertan en tres. «Yo entiendo que no es responsabilidad del Ayuntamiento, pero considero que pueden hablar con responsables de otras administraciones porque esto no deja de ser un problema de los vallisoletanos», explica Ferrández Otaño.

Lo que es indudable es que la actividad en San Cristóbal ha crecido ostensiblemente en los últimos años. En las 1.300 parcelas disponibles la asociación calcula que habrá unas mil empresas. Y considera que podría haber más. Hace algo más de un año el presidente, Antonio Rodríguez, se quejó de los precios y las condiciones que imponía la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para la venta de parcelas que estaban vacías. Un análisis en el que coincide Ferrández. «Hemos intentado que se resolviera el problema con la mediación del anterior subdelegado del Gobierno en Valladolid, Luis Antonio Gómez, quien planteó que se flexibilizaran esas condiciones, pero no fue posible», explica el gerente. En las últimas semanas la Asociación ha vuelto a tener contactos, esta vez con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Antonio Gato, quien también se ha comprometido a contactar con el Sepes para desbloquear esta situación. 

Los propietarios que compraron parcelas hace años asumieron el compriso de llevar a cabo su proyecto en un determinado plazo, para evitar la especulación. Muchos de ellos no lo hicieron, porque se vieron sorprendidos por la crisis, y ahora no pueden vender esos terrenos a los interesados porque podrían enfrentarse a una indemnización equivalente al precio que les costó la parcela. Una multa que, por otro lado, los potenciales compradores tampoco están dispuestos a asumir.