Firmó el 28 de julio de 2008 y lo volvió a hacer dos veces más en 2010 y 2011. León de la Riva era el alcalde de la ciudad y con su triple rúbrica no sólo comprometía al que era ‘su’ Ayuntamiento, sino también a los venideros, que deberían afrontar el pago de 100 de los 400 millones del crédito bancario que constituía la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para mantener vivo el proyecto del soterramiento. Lo hacía, a ojos de la Fiscalía y la acusación popular (que ejerce el actual equipo de Gobierno), sin respetar ninguno de los trámites municipales preceptivos. Lo hacía, según las tesis de las acusaciones, delinquiendo.
El conocido como caso Comfort Letter llega esta semana a la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Valladolid, cuyo banquillo ocupará por primera vez el exalcalde de la capital, Francisco Javier León de la Riva, después de que en abril de 2015 pasase por el del Juzgado de lo Penal número 2 en el proceso de los áticos de Zorrilla con el que acabó condenado por un delito de desobediencia a trece meses de inhabilitación.
EN TRES SESIONES. La Sección II (que preside el también presidente de la Audiencia de Valladolid, el magistrado Feliciano Trebolle) será la encargada de enjuiciar a De la Riva en las tres sesiones previstas para las mañanas del martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de julio. Un juicio que llega con casi dos meses y medio de retraso, después de que no se pudiese celebrar en las tres fechas fijadas inicialmente por la Sala: 25, 26 y 27 de abril. En aquel momento, una grave enfermedad del abogado del exregidor forzó el aplazamiento.
León de la Riva se enfrentará a un proceso mucho más grave que el del caso de los áticos de Zorrilla, ya que hay sobre la mesa sendas peticiones de cárcel para el exlíder del PP. La Fiscalía es más mucho dura que la acusación particular y exige una condena de nueve años de prisión para el exalcalde, a tres años por cada uno de los delitos de falsedad documental -por las tres firmas- que le imputa, y 33 años de inhabilitación, a once por cada uno de los delitos de prevaricación que aprecia el Ministerio Público. Una condena que sería bastante inferior si el tribunal adoptase las tesis del abogado del Ayuntamiento: tres años de cárcel por los tres delitos de falsedad documental y nueve de inhabilitación por la prevaricación administrativa.
Javier León de la Riva, retirado ya de la política y de 72 años, estará acompañado por sus exconcejales de Hacienda y Movilidad durante los años en que, presuntamente, rubricó esas tres comfort letter (o cartas de conformidad) a modo de aval, los también ‘populares’ Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, quiénes se enfrentarán a penas de entre 7 y 24 años de inhabilitación por delitos de prevaricación, ya que, en sus casos, ni la Fiscalía ni la acusación particular aprecian.
Este caso fue denunciado por el actual regidor, Óscar Puente, ya que descubrió a su llegada a Alcaldía el contenido de esas tres comfort letter y que, supuestamente, las tres se habían rubricado por parte de su predecesor en el cargo sin que siguiera los cauces marcados. Eran un compromiso de desembolso de 100 millones de euros en el caso de que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad llegase a incumplir la obligación de devolver tanto el préstamo como los intereses a los seis bancos acreedores.
En su escrito de acusación, la Fiscalía de Valladolid no deja lugar a la duda de que todos los trámites se obviaron «deliberadamente» por parte de los tres procesados.
requisitos para esos avales. En esta línea, la Fiscalía recuerda que las comfort letter exigen un procedimiento concreto para ser validadas por un ayuntamiento, tal como es el contar con el informe de la Intervención, «en el que se analiza la capacidad de la entidad para hacer frente a las obligaciones que se derivarían de dicha carta». También recuerda que no se puede firmar sin la aprobación del Pleno (al superarse el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto) y que también sería necesario contar con «la autorización de la Junta de Gobierno, cuando existe un Plan Económico-Financiero aprobado, o cuando el nivel de endeudamiento superara el 110% (en 2010, el 125%), y la anotación de la operación en la Central de Riesgo del Ministerio de Hacienda, por parte del propio Ayuntamiento».
La Fiscalía cree que los acusados sí eran «conocedores de todas las exigencias de los bancos», así como de «las consecuencias que para el Ayuntamiento podían derivarse de la asunción de esta obligación» y que, a pesar de ello, «sí dieron su voto favorable a las condiciones del crédito», entre las que estaba esa firma de la comfort letter, aunque solo la llegara a rubricar el alcalde. Para la acusación, lo hicieron «sin expediente alguno, ni recabar el informe de la Intervención o de la Secretaría General y sin ponerlo en conocimiento de la Junta de Gobierno, ni de los técnicos de las concejalías de Blanco y Sánchez».