Castilla y León recibirá 677.000 euros del reparto del fondo extraordinario propuesto por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a nivel nacional para luchar contra la pobreza infantil, que en el conjunto del país asciende a 16 millones. Una cantidad que, a juicio de la consejera de Familia, Milagros Marcos, es una «ayuda importante», no tanto por la cuantía sino por el «esfuerzo» del Gobierno central para recuperar una partida que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero retiró de los presupuestos en 2010. Además, señaló que la intención es mantenerlas el próximo año.
En el marco de la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, que se celebró ayer en la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid, Marcos reconoció que el anuncio llega en un momento que las comunidades han decidido potenciar la atención al menor. «Esperamos que esa cantidad aumente en los próximos años pero, de momento, es un paso a tener en cuenta. Es importante que la incipiente recuperación económica se refleje en quienes más lo necesitan», precisó. La cifra está aún lejos de los 3,5 millones que percibía Castilla y León antes de 2010, porque además la Junta destina 6,5 millones solo a las ayudas de emergencia.
La consejera apuntó que el reparto se ha hecho conforme a la tasa Arope, un indicador internacional que marca la población bajo el umbral de la pobreza. En el caso de la Comunidad, afirmó que está acorde a los «escasos niveles» de pobreza material severa que afecta a menores. Incluso, recordó que los datos de Unicef precisan que esos niveles están, en la actualidad, por debajo de los existentes en 2005.
En este sentido, reconoció que numerosas comunidades habían solicitado, durante el encuentro, la inclusión de otro tipo de criterios para establecer este reparto como la población que ella amplió, por ejemplo, a la dispersión e incluso del esfuerzo previo que han hecho algunas regiones, como es el caso de Castilla y León, para que sus niveles de pobreza estén por debajo de la media nacional.
Entre esas autonomías, estaban Andalucía, Cataluña, Asturias y Galicia mostraro su disconformidad con el criterio. Para Mato, las críticas responden a que «lógico» que cada comunidad quiera que la «cuestión que la diferencia se valore» pero cuestiona el silencio de algunas cuando Zapatero eliminó las ayudas.